San José (Redacción). El Ministerio Público presentó el pasado 30 de julio una acusación por el delito de peculado contra el expresidente de la República, Miguel Angel Rodríguez Echeverría.
Tatiana Vargas, jefe de prensa de la Fiscalía, informó que en la causa también figuran como implicados Cristóbal Zawadzki Wojtasiak, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) y Alvaro Acuña Prado, exdirector de reaseguros de esa misma entidad.
La Fiscalía informó que también están pidiendo la apertura a juicio de este caso al Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Aunque la Fiscalía no precisó cuales son los hechos presuntamente delictivos en que incurrieron los implicados los abogados Christian Arguedas y Eduardo Araya, quienes representan al expresidente, dijeron que se trata de un asunto relacionado con la empresa de reaseguros Guy Carpenter-Reinmex, de México. La investigación de este caso había iniciado en el año 2001.
Descargo. En un comunicado de prensa, Miguel Angel Rodríguez informó: "esto se debe dilucidar en los Tribunales, no en ningún otro ámbito, y ahí demostraremos que este es un caso sin ningún fundamento".
En el documento se informa que los hechos se empezaron a investigar en 2001 y que "en 2005, hace 8 años el propio Ministerio Público solicita y obtiene que se desestime la causa.
"El 25 de setiembre del año pasado, hace menos de un año, la señora Fiscala en audiencia ante un juez de la República indicó que no se determinaba participación alguna de Miguel Ángel Rodríguez en estos hechos relacionados con viajes y programas de capacitación del INS y anunció que pediría sobreseimiento en ese caso".
Según el comunicado: "por los mismos hechos pero menos de un año después, la Fiscalía cambia de criterio. No hay ninguna base jurídica para esta acusación y así se dejará en claro ante los jueces de la República. El Ministerio Público se contradice a sí mismo y presenta una acusación sin base jurídica ni probatoria. Ante semejante proceder, solo queda una explicación: esto es una simple y burda persecución".
Por su parte, Guillermo Constenla, actual presidente ejecutivo del INS, dijoque confiará en lo que resuelvan los jueces de la República.
"Este asunto que es un segundo caso diferente al de la Corredora PWS está en manos de los Tribunales de Justicia y a ellos les corresponderá analizar el caso y proceder como en derecho corresponde. Debemos confiar en lo que concluyan los jueces de la República", señaló.