El Ministerio Público pidió ayer se imponga tres años de prisión a una doctora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por, presuntamente, trabajar simultáneamente en otras tres entidades del Estado y no poder atender a los pacientes.
Le gestión la planteó la fiscala Grettel Mejía Murillo contra una profesional de apellidos López Vargas, durante un juicio que se realiza en los Tribunales de Goicoechea, en San José.
La Fiscalía, que atribuye a la profesional el delito de enriquecimiento ilícito, también acusa, en el mismo caso a una hermana de López y quien era la directora de la Clínica Central, adscrita al Hospital Calderón Guardia, del delito de complicidad, pues, supuestamente, ella sabía de los presuntos incumplimientos en las funciones y no los frenó.
Historia. El hecho que se juzga sucedió durante el año 2006, cuando una investigación de la Contraloría General de la República, en conjunto con la Caja, constataron que López tenía un contrato laboral de 44 horas semanales con la CCSS, mientras que al mismo tiempo tenía otros para laborar 10 horas con la Junta de Protección Social (JPS), 20 horas con la Universidad de Costa Rica (UCR) y 10 horas en Correos de Costa Rica. En total, eran 84 horas a la semana.
Tras detectar la anomalía, el caso se pasó a la Fiscalía, que abrió el proceso judicial contra la doctora López y su hermana.
En la audiencia de ayer, la fiscala Grettel Mejía expuso que la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.° 8422, del 29 de octubre de 2004, artículo 17, prohíbe “desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente”.
Agregó que, en este caso, durante el debate, quedó demostrado que la implicada perjudicó la atención de los pacientes, al no poder cumplir con el horario en la Caja.
Por tal razón, pidió al Tribunal Penal de Hacienda que le imponga a las dos hermanas López, el tanto de tres años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Mientras que el procurador penal Miguel Cortés Chaves, durante la etapa de conclusiones, manifestó lo siguiente: “No se trata de juzgar a una persona sumamente trabajadora, sino por abusar de las instituciones públicas”.
Agregó que en los expedientes laborales consta que López trabajó en la Caja desde 1984, pero precisó que para efectos del proceso penal, solo se investigó lo sucedido durante el año 2006.
Agregó que López renunció a la Caja en el año 2007 cuando se enteró de la pesquisa judicial.
Para el procurador, las dos hermanas afectaron al Estado y, por tanto, deben pagar ¢10 millones por el “daño social” que provocaron, pues muchos pacientes no fueron debidamente atendidos.
Mientras que Wílliam Rodríguez Alvarado, representante de la CCSS, pidió se condene a las hermanas López a pagar ¢57 millones por daños a la institución.
Este debate seguirá el próximo jueves cuando los defensores emitan las conclusiones.