Cuando un funcionario judicial comete una presunta falta, el afectado puede quejarse ante el Tribunal de Inspección Judicial, máximo ente encargado de las sanciones administrativas en contra de los empleados del Poder Judicial.
Sin embargo, tendría mucha suerte si esta denuncia termina con una sanción.
La gran mayoría de las quejas que ingresan a ese Tribunal quedan impunes, según el Segundo Informe del Estado de la Justicia, el cual fue dado a conocer este miércoles en conferencia de prensa.
El documento señala que, por ejemplo, durante el 2015 se recibieron 2.121 quejas, de las cuales solo 285 (13%) terminaron con una sanción. El resto fue desestimado, archivado, rechazado de plano o desencadenó un análisis de fondo del departamento en donde trabaja el denunciado.
En detalle, el Informe del Estado de Justicia indica que las sanciones se dividieron en advertencias (14), amonestaciones (46), suspensiones (170) y revocatoria de nombramiento (55).
No obstante, pese a que se intentó conocer el puesto que tenían los sancionados (si eran del área administrativa, jueces, fiscales o defensores), Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe, dijo que el Poder Judicial no cuenta con esas estadísticas.
Lo que sí se señala es que, en el 2015, las razones que motivaron la mayor cantidad de quejas fueron el incumplimiento de deberes, negligencia, retardo en la función y faltas que podrían realcionarse con corrupción.
Sin embargo, Villarreal indicó que no se maneja un manual o un protocolo que agrupe las conductas que se considerarán como incumplimiento o negligencia, por ejemplo.
"Por eso, encontramos una misma conducta considerada, a veces, como negligencia, otras veces como corrupción y, otras, como incumplimiento. Hay mucha subjetividad a la hora de definir la falta en la que supuestamente incurrió una persona.
"Si alguien me cae bien, se le pone la falta que sanciona menos fuerte. O, al menos, esto se puede prestar para situaciones riesgosas y caemos en el tema de la no transparencia", reprochó la coordinadora.
Misma situación; otro periodo
Mientras, en el periodo comprendido entre el 2011 y 2015, el Tribunal de la Inspección Judicial emitió resoluciones sancionatorias solo en el 12% de los casos. Se desconoce cuántas denuncias recibió en ese tiempo.
Del total de los sancionados en esos cuatro años, la mayoría eran jueces. El Informe arrojó que, en promedio, un 27% de las sanciones dictadas al año eran en contra de esos funcionarios. Tampoco se sabe cuál fue el castigo recibido.
En el 55% de los casos denunciados, se desestimaron los procesos; en un 25% hicieron un análisis de fondo; en un 4% los archivaron; y, en un 4%, lo rechazaron de plano.
En ese mismo periodo, se determinó que un 86% de los procesos comenzaron a partir de una queja, comparados al 10% de causas abiertas de oficio.
Limitaciones
Pero, ¿qué desencadena esta impunidad? Villarreal respondió que, aunque no tienen una causa específica, se da porque muchos de los casos prescriben. Estos procesos deben resolverse en un máximo de un año, según lo estipula el artículo 211 de la Ley Orgánica Judicial.
"Si todos están desbordados, ¿cómo hacen? Los casos prescriben", señaló Villarreal.
Además, Villarreal dijo que en la Inspección Judicial alegan que no tienen "las suficientes herramientas para investigar". "Dicen que tienen muchas dificultades porque como es un régimen disciplinario, no es penal, no pueden intervenir una computadora de una funcionario, porque se violaría su privacidad, por ejemplo".
Y, cuando pueden investigarlo, pierden el contacto con los ofendidos que, en su mayoría, son usuarios del sistema. "Lo que pasa, según nos dicen ellos, es que la gente denuncia porque están enojados en el momento, porque perdieron un proceso. Pero no le dan seguimiento, entonces pierden contacto con el denunciante", expresó la coordinadora.