La jueza penal de Goicoechea dictó, este jueves, las medidas cautelares para los cinco sospechosos de torturar a las personas albergadas en la Fundación Manos Abiertas. Según informó Telenoticias, pasadas las 7 p. m., dos mujeres de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo recibieron seis meses de prisión preventiva.
También se dispuso que otra mujer, de apellidos Quirós Castro, debe cumplir con arresto domiciliario con tobillera electrónica, tiene impedimento de salida del país y no puede acercarse a víctimas, a otros imputados, o a las sedes de la Fundación.
Para un hombre de apellidos Granados Delgado, se impuso una fianza de ¢70 millones e impedimento de salida del país. La otra persona implicada, una mujer apellidada Villalobos, quedó libre, pero sujeta al proceso judicial. Ella deberá firmar periódicamente en una instancia judicial y no puede acercarse a la Fundación, a las víctimas ni a otros imputados.
Los cinco arrestados son sospechosos de cometer los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Las capturas se llevaron a cabo mediante tres allanamientos en las sedes de Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago, el pasado 5 de marzo.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que, según las denuncias recibidas, habrían ocurrido torturas y maltratos en los lugares intervenidos. Por ejemplo, cuando las personas en cuidado no obedecían, los imputados sumergían sus manos en agua fría.
Para aplicar tales castigos, los detenidos aparentemente se basaban en los votos de obediencia que debían cumplir quienes se integraban a la Fundación, bajo una especie de noviciado. Sin embargo, según el sacerdote Luis Hernández, vocero de la diócesis de Alajuela, la organización no está afiliada a la Iglesia católica, aunque sí estaba en proceso de convertirse en una asociación de fieles.