En el 2002, cuando tenía 16 años, una madre nicaragüense radicada en Alajuela ya sabía lo que era la violencia doméstica en su sentido más profundo. Su compañero sentimental la agredía sexual, física y mentalmente.
Quince años después, el dolor de esta madre se hizo aún más grande, cuando supo que ese mismo hombre, de apellidos Molina Vargas, violó a la hija que habían procreado.
Aunque el sujeto fue condenado este lunes 5 de octubre a 12 años de cárcel por violación calificada y cuatro años más por abuso sexual contra su hija menor de edad, lo ocurrido a lo largo de estos años, solo esa familia lo sabe.
Según consta en la sentencia, aunque la pena total es de 16 años, como ambas conductas ocurrieron en un mismo momento, se adecuó a 12 años, "que corresponde a la pena del delito más grave, sanción que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo”.
Sin embargo, la escala de agresiones y violencia empezó a ser conocida por las autoridades desde diciembre del 2002, cuando al hombre, quien es 25 años mayor que su compañera, le dictaron medidas de protección, pues la mujer denunció que la sometía a agresiones sexuales, físicas y psicológicas.
En aquel entonces, Molina Vargas apeló las medidas que le dictó el Juzgado de Violencia Doméstica, alegando que no existía prueba alguna sobre los hechos y que él no aceptaba haberlos cometido; sin embargo, el Tribunal de Apelación no le aceptó el reclamo.
“En el lugar de habitación de las partes fue encontrado material pornográfico, así como municiones y proyectiles de armas de grueso calibre. Considerando que la solicitante es una joven de corta edad, lo hallado por la Policía hace suponer que la convivencia entre las partes no es armónica y que ella se encuentra en una relación verticalizada”, dice el voto 339-03, del expediente judicial 02-003392-649VD.
Esa vez los jueces de apelación consideraron que el relato expuesto por la solicitante a las autoridades era coherente y estructurado.
También consideraron que Molina, en la comparecencia efectuada el 19 de diciembre del 2002, indicó que estaba dispuesto a someterse a cualquier tratamiento.
Los jueces Oscar Corrales, Ana María Picado y Maribel Astúa, aplicaron las dudas en favor de la víctima (in dubio pro victima), establecido en el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Doméstica y por eso dejaron vigentes las medidas contra el individuo.
Círculo de violencia
Pese a eso, dos meses después, en mayo del 2003, en el Registro Civil aparece consolidado el matrimonio entre la pareja, que para entonces tenía un hijo de un año y la mujer tenía tres meses de embarazo de su hija.
Cuando esa niña llegó a tener casi 14 años, en el 2017, le contó a su mamá haber sido víctima de violación y abusos, perpetrados por su padre desde el 2014.
La Fiscalía comprobó que los ultrajes ocurrieron en Puntarenas, cuando el imputado aprovechaba estar a solas con la ofendida, para agredirla sexualmente.
La menor le confesó todo lo ocurrido a su madre, luego de que, por razones desconocidas, la mujer, que tenía una década de haberse divorciado del sujeto, se volvió a casar con él, en enero del 2017.
El hombre, oriundo de Alajuela, había vivido en el Pacto del Jocote y luego se había mudado con su familia a Puntarenas.
Tras varias diligencias de investigación, la Fiscalía acreditó ante los jueces que Molina había violado a su hija desde que la víctima tenía 11 años.
El fallo condenatorio de este lunes estuvo a cargo de los jueces Pilar Quesada Zamora, Sandra Arrieta Sánchez y Rodrigo Salas Rojas.
Mientras la sentencia queda en firme, el imputado, hoy de 56 años, permanecerá en prisión preventiva.
De acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el único antecedente del caso lo tuvieron en el 2018, cuando Molina les indicó que la menor tenía bajas calificaciones y ausentismo en las clases.
El PANI informó de que la adolescente está con su mamá y le están brindando el acompañamiento psicológico.
De igual manera, está coordinando con el Ministerio de Educación Pública para que la joven se mantenga dentro del sistema educativo.