El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial se comprometieron, este viernes, a mejorar la comunicación entre ambas entidades para poder combatir el hacinamiento en las cárceles.
El compromiso quedó plasmado en el Convenio de Cooperación para Programas Especiales, el cual fue firmado la mañana de este viernes por los tutelares de las instituciones.
El acuerdo les permitirá, además, tomar acciones conjuntas para combatir el hacinamiento en las cárceles.
El sistema penitenciario costarricense tiene una capacidad real de 9.130 espacios; sin embargo, actualmente, hay 13.216 reos. Es decir, la sobrepoblación carcelaria es de un 44,8% (4.086 privados de libertad).
En detalle. Con este convenio, las entidades pretenden mejorar las condiciones de ejecución de la pena y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población privada de libertad.
Cecilia Sánchez, ministra de Justicia, detalló que para ello, se facilitará, por ejemplo, el intercambio periódico de información para tener un mejor control de la ejecución penal.
Pero, también, buscarán resguardar los derechos de las víctimas y asegurar la eficiencia por parte de Justicia en la ejecución de las órdenes giradas por las dependencias judiciales.
Mientras, Zarela Villanueva Monge, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, explicó que las víctimas han sido “invisibilizadas históricamente, trasladando sus intereses a la acción del Ministerio Público”.
Agregó: “Aunque se ha avanzado para darles participación a los ofendidos en el proceso penal, ellos no cuentan con las herramientas para la defensa de sus derechos. Carecen de asesoría y de representación jurídica, lo que hace nulas sus pretensiones”.
Por ello, en el convenio se estableció promover un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles por el Estado para la atención, asesoría y acciones en la justicia.
Antecedentes. La firma de este convenio fue aplazada en dos ocasiones por “razones de agenda”. La primera vez que se concretaría el acuerdo iba a ser el 28 de octubre; la segunda sería el 1.° de diciembre.
La última posposición se dio luego de que la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas, expresara en la sesión de Corte Plena del 30 de noviembre, que se opone a que los magistrados apoyen ese acuerdo porque las dificultades del sistema penitenciario no le competen al Poder Judicial.
El viernes, luego de firmar el acuerdo, tanto Villanueva como Sánchez expresaron sentirse satisfechas.
La ministra de Justicia aseguró que ese convenio viene a demostrar que se requiere de un trabajo conjunto para hacerle frente al hacinamiento. “Este es un problema de todos, no de unos cuantos”, aseveró.