El Ministerio de Justicia les pide a los jueces de Ejecución de la Pena un tiempo para ampliar la infraestructura penitenciaria y así bajar el hacinamiento.
La solicitud nace a raíz de las diferentes resoluciones que los juzgadores han emitido en los últimos meses, en que ordenaron desde el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián hasta la prohibición de ingresar a más reos a los otros centros penales.
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, aseguró que actualmente se apuesta por la construcción de nuevos espacios y la reparación de otros que están ruinosos, los que estarían habilitados entre el 2017 y el 2018.
Empero, añadió, esa labor se ve interrumpida cada vez que se emite un nuevo fallo.
“Nosotros estamos de acuerdo con lo que los jueces mencionan en sus resoluciones. Lo compartimos, pero también deben entender que Justicia sí está trabajando en ver cómo se soluciona la situación.
”Pero, cuando un juez nos cierra el ingreso de más privados de libertad en un centro, nos hace correr para solventar un pequeño hueco y no nos permite dar una solución integral, no nos permite que resolvamos con mayor efectividad”, expresó Villalobos, quien señaló que las únicas dos cárceles que no tienen cierre son la del Buen Pastor (para mujeres) y la del Adulto Mayor.
El funcionario insistió en que, aunado a las órdenes judiciales, deben lidiar con “el poco uso” que les dan los jueces a las medidas alternas a la prisión.
“Nos siguen ingresando cerca de 615 reclusos al mes y el egreso mensual es mucho menor. Nos piden que bajemos el hacinamiento, pero nos siguen mandando gente. Entonces, ¿cómo hacemos?”, reprochó.
Estado de obras. El Ministerio detalló que la mayoría de obras se levantarán en la cárcel La Reforma, en Alajuela. Se harán arcos modulares (440 nuevos espacios), 24 módulos (1.728), 24 celdas individuales y se remodelará el ámbito D (228 lugares).
De esas construcciones, la que está más avanzada es la de la reparación del ámbito, la cual terminaría a finales de este año.
Las obras de los arcos modulares están varadas. En febrero anterior, la empresa adjudicada, Mavacón, abandonó las obras y se está en el proceso de hacer efectiva la garantía.
En cuanto a los módulos y celdas, el Ministerio calcula que estarían listos a mediados del 2018.
Entre los otros proyectos de Justicia están las unidades productivas, que se ubicarán en San Rafael de Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí. Con estas, se habilitarán 1.600 nuevos espacios.
Se prevé que la primera de estas cárceles esté lista para abril próximo. La construcción de las otras dos prisiones apenas está comenzando, detalló Justicia.
Las obras implicaron una inversión de unos ¢52.200 millones, dinero proveniente del presupuesto de Justicia, el Patronato Nacional de Construcciones y el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El jerarca de Adaptación Social explicó: “En total, se habilitarán 4.000 espacios. Y esto es de conocimiento de los jueces. Entonces, no entendemos porqué no nos dan tiempo. Ellos (los juzgadores) no entienden esto”.
‘Suficiente’. El juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo, quien en julio ordenó el cierre de la cárcel de San Sebastián, expresó que Justicia ya ha tenido el tiempo “suficiente” para solucionar el problema, pero no lo ha hecho.
“Pese a las órdenes de jueces y de la Sala Constitucional, no hay una baja en la sobrepoblación y ya hay que tomar medidas porque esto es un tema de derechos humanos”, agregó en entrevista con La Nación .
Mientras, en una resolución más reciente, emitida el 4 de agosto, la jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela, Xinia Solís, aclaró que aunque el incremento de la población penal no es responsabilidad de la cartera, esta sí debe resolver la problemática del hacinamiento. “Parece que la Administración visualiza la situación como irremediable y se resigna, considerando que no es responsable del crecimiento desmedido que hay en la población penal”, expresó Solís en el fallo en que prohibió el ingreso de más reos al ámbito B de la cárcel La Reforma, en Alajuela.