El Ministerio de Justicia cuestionó la decisión del juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, de ordenar el cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián.
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, aseguró que comparte las preocupaciones de Murillo en torno a la sobrepoblación y los daños que tiene esa prisión en materia de infraestructura.
Empero, agregó: “No nos esperábamos esta situación. Dicen cierre, pero es un centro con una capacidad específica que podría funcionar si se le hacen los arreglos necesarios y si se mantiene sin hacinamiento”.
“Otros jueces han ordenado el cierre temporal de algunas cárceles para no permitirnos el ingreso de más reos hasta nuevo aviso. Esto nos obliga a desahogar las cárceles y así mejorar un poco más la situación. Pero un desalojo total nos toma por sorpresa. Vamos a revisar la resolución para ver si necesitamos que nos amplíen algún punto”, afirmó Villalobos.
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Este lunes se dio a conocer que en una resolución del 20 de julio pasado, Murillo calificó esa cárcel como una “jaula humana deteriorante, aplastante y humillante”, por lo que ordenó su cierre definitivo.
Esta prisión, que cumplió 35 años la semana pasada, es exclusiva para indiciados (personas acusadas de algún delito); sin embargo, dada la sobrepoblación del sistema, también tienen recluidos a sujetos que ya tienen una condena.
Pese a que su capacidad real es de 559 reos, hasta ayer había 1.268 presos: 1.103 indiciados y 165 sentenciados.
Cuando este fallo adquiera firmeza, Justicia tendrá 18 meses para desalojar el centro penal. Los reclusos deberán salir por una resolución del juez o de una reubicación a otro centro institucional o semiinstitucional.
Se intentó conversar con el juez, pero la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que podría atender el miércoles.
Contingencia. El jerarca de Adaptación Social detalló que crearon una comisión para definir cuál será la estrategia que usarán para hacerle frente a la situación, sobre todo porque ingresan 90 presos por semana a ese centro.
Dicho grupo estará conformado por Villalobos; el director del centro penal, Mariano Barrantes; el director del Programa Institucional, Bernardo Arguedas; el director del Instituto Nacional de Criminología, Alexánder Obando, y el viceministro de Justicia, Marco Feoli.
Aunque todavía el panorama no está del todo claro, Villalobos explicó que lo primero que harán es realizar las gestiones pertinentes para poder reubicar a los reos en las cuatro cárceles que aún no tienen hacinamiento crítico (superior al 20%): la de Limón, Puntarenas, Liberia y Pérez Zeledón.
El problema con esos centros penales es que algunos tienen órdenes de cierre de ingreso.
“Ya hemos hablado con algunos jueces (de Ejecución). Dentro de las recomendaciones, está que la comisión que integramos establezca diálogos directos con estos juzgadores de diferentes lugares para ver de qué forma se aborda la situación. La mayoría de centros están sobrepoblados o tienen orden de cierre.
”Por lo tanto, estamos viendo la posibilidad de que se ubiquen ahí (en esas cuatro prisiones), siempre evitando el desarraigo familiar y otra situación que pueda afectar a los privados de libertad”, aseveró.
Preocupación. El director apuntó que además de trasladar a los reos, deben crear un nuevo centro que cumpla con los estándares internacionales, que permita la separación según la condición jurídica.
“Nos da 18 meses para desalojar la cárcel, pero sí tengo que construir una prisión, va a ser difícil hacerlo en ese tiempo. Las contrataciones administrativas, los diseños y, sobre todo, el financiamiento, son cosas que debemos plantearnos a la hora de pensar en una nueva cárcel”, dijo.
Adelantó que por el momento, le pidió a un equipo que realizara un presupuesto “a mano alzada” de cuánto costaría construir un centro institucional en un lugar cercano a donde está actualmente el de San Sebastián.
“No es cuestión de hacer una bodega y encerrar a todos ahí. El sitio tiene que cumplir una serie de condiciones dignas para los seres humanos y eso no es barato”, concluyó.