La jueza penal de San José, Dayanna Segura, declaró ayer que el empresario Luis Ángel Milanés Tamayo incumplió con el pago de $578.000 en efectivo a las 500 víctimas de una supuesta estafa, tras el cierre de la financiera Savings Unlimited.
Así lo dio a conocer Milanés al ser consultado por La Nación sobre el resultado de una audiencia, a puerta cerrada, que se realizó ayer en la sala de juicios N.° 3 de los Tribunales de Justicia de San José.
Las audiencias para definir si Milanés va o no a juicio comenzaron la semana pasada y se extenderán hasta finales de octubre.
Durante un receso en la mañana, el cubano nacionalizado estadounidense, de 62 años, manifestó que, aunque vaya a juicio, pagará ese dinero a las víctimas, como lo ofreció la semana pasada.
En mayo del 2011, durante un arreglo conciliatorio que la misma jueza Segura homologó, Milanés se había comprometido a entregar a un fideicomiso nueve propiedades con valor de $12 millones y pagar $1,8 millones en efectivo al 23 de noviembre del 2012.
Después de entregar las propiedades y $1,2 millones, al vencimiento de ese plazo, las víctimas manifestaron que había quedado debiendo $578.000.
“Los ofendidos pueden tener la tranquilidad de que, aunque esto vaya a juicio, yo voy a pagar en cuanto tenga la plata, que va a ser lo más pronto posible.
”Nadie habla de que he dado propiedades y efectivo por casi $15 millones. Si yo debo 100.000 y doy 98.000, ¿te pasa por la mente que te voy a quedar mal?”, manifestó.
Al consultársele por qué no pagó a tiempo; es decir, antes del 23 de noviembre del 2012, respondió que en ese momento no tenía el dinero para hacer la entrega.
“En esas cantidades de dinero no estamos hablando de $10, son millones de dólares y no pagué porque no tenía el dinero”, afirmó.
Garantía. En el primer arreglo conciliatorio, de mayo del 2011, la jueza Segura incluyó como garantía por el pago de los $578.000 un apartamento de Luis Milanés en La Sabana, de 60 metros cuadrados. La disputa se generó porque el apartamento vale menos de $70.000, pero se inscribió en el Registro Nacional por $578.000 y tiene un embargo laboral por ¢16 millones.
La jueza Segura aclaró en la audiencia de ayer que ese apartamento no constituye una garantía que sustituya el incumplimiento y sostuvo que el bien quedará en manos de las víctimas.
“A mí jamás me pasó por la mente dar una cosa que valía menos. Ellos me pidieron ese apartamento y de buena fe lo entregué”, manifestó Milanés.