Los jueces penales que dicten medidas de prisión preventiva, deberán visitar cada tres meses a los imputados en las cárceles, para revisar si las condiciones de reclusión respetan sus derechos fundamentales.
Así lo dispuso la Corte Plena en un reglamento aprobado en la sesión del 28 de julio, el cual establece la obligatoriedad de la visita. Esta debe realizarse, al menos, una vez cada tres meses.
Esa disposición fue redactada por la Sala Tercera, cuyo presidente, Carlos Chinchilla, la presentó a la Corte. Los magistrados la aprobaron de forma unánime.
La normativa señala que el juez deberá entrevistar a los reos y a las autoridades encargadas de su custodia para verificar las garantías mínimas de internamiento en prisión.
De las visitas se deberá levantar un acta donde conste el día y la hora en que se hicieron, los funcionarios entrevistados, las quejas recibidas por los indiciados, y los hallazgos detectados en el centro de detención.
Si el juzgador encuentra que existen condiciones que afecten los derechos fundamentales de los reos, deberá convocar a las partes a una audiencia y adoptar las medidas que legal y constitucionalmente correspondan.
El acta será firmada por el juez y remitida, dentro de 15 días siguientes, al Consejo Superior. Cuando los juzgados y tribunales estén integrados por más de una persona, la visita deberá hacerla uno de ellos en forma rotativa.
Si el reo fue enviado a una cárcel fuera de la jurisdicción territorial del juez que dictó la medida, este último podrá comisionar a un homólogo del territorio donde esté ubicado el centro de detención para que haga la visita dentro de un mes. A los 15 días de su realización, deberá comunicar los resultados al otro juez.
El Consejo Superior deberá rendir un informe semestral a la Corte Plena sobre los resultados de las visitas que realizan los jueces a los reos indiciados (sin condena).
Oposición. En agosto del 2013, el Consejo Superior emitió una directriz para recordar a los jueces que debían hacer visitas periódicas.
En aquella ocasión, Carlos Chinchilla pidió que el tema fuese analizado a fondo y se opuso a la medida , al alegar que en las prisiones no hay seguridad y los jueces podrían recibir amenazas. También expuso que ellos no eran responsables de constatar si se cumplen o no las condiciones mínimas.
Por su parte, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) sostuvo aquella vez que los jueces no deberían tener acercamientos con el imputado en la cárcel porque vulneraría los principios de imparcialidad e independencia.
Esta semana no fue posible localizar a Chinchilla porque estaba fuera del país. Sin embargo, en el documento con el que presentó el reglamento a la Corte, señala que, de acuerdo con la normativa internacional, la detención de un imputado debe quedar sujeta a la fiscalización de un juez.
“Es consustancial a la labor del Poder Judicial realizar este tipo de inspecciones en los centros de detención donde permanecen las personas contra las que se ha dictado la prisión preventiva”, dice.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, celebró la aprobación del reglamento, por cuanto, según expresó, los defensores solamente son vigilante; en cambio, los jueces son los únicos garantes de los derechos.
“El miedo no es una excusa porque igual en el juicio los tienen al frente. Por ese riesgo se les paga y no pueden poner la mano para que les den la plata sin asumir su obligación como garantes de los derechos de los privados de libertad. La disposición me parece excelente”, expresó Muñoz.