El número de funcionarios del Poder Judicial que optaron por la jubilación, se triplicó en los últimos 15 años, al pasar de 60 en 1999, a 181 en el 2013.
Durante ese lapso, los periodos en los que hubo más retiros fueron 2007, 2009 y 2013, pero la tendencia se nota desde 1996.
Esa aceleración en la cantidad de pensionados coincide con cinco estudios actuariales que, desde 1998, han advertido sobre déficits en la sostenibilidad, a largo plazo, del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
El último de esos reportes, de 2012, fue elaborado por la consultora argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, la cual concluyó que el Fondo quedaría insolvente en el año 2026.
Carlos Montero, economista del Poder Judicial, apuntó que existe una relación directa entre la difusión de esos informes y el impacto que provoca en funcionarios, que se van por temor.
Aunque reconoció que ese aumento de jubilados infla el gasto sobre el Fondo, Montero afirmó que tienen suficientes reservas (¢380.000 millones), por lo que el sistema no está quebrado.
Para el especialista, se deben hacer mejoras legales, las cuales fueron propuestas desde el año pasado a la Asamblea Legislativa. También apuntó que han cuestionado los modelos matemáticos usados para los estudios actuariales, ya que, por ejemplo, el de 1998 concluía que en el 2014 no habría dinero para pagar las jubilaciones, lo cual no ocurrió.
Composición. Actualmente, el Poder Judicial paga ¢3.700 millones al mes a 2.687 jubilados activos. El 70% recibe cerca de ¢1,5 millones; el 18% supera ese monto hasta ¢3 millones; otro 11% llega a ¢5 millones y el 1% (25 personas) recibe hasta ¢8,7 millones.
Además, la entidad deposita ¢490 millones mensuales por pensiones a 686 familiares de jubilados fallecidos. El 80,5% de los beneficiarios recibe menos de ¢1 millón; el 17,2% hasta ¢3 millones; el 1,6% menos de ¢5 millones y, en cinco casos (0,7%), el monto llega a ¢9,4 millones.
De todos los jubilados, la mayoría son hombres (69%). Según Montero, esto se debe a un factor histórico que tenderá a equipararse poco a poco, debido a que ahora hay más mujeres (52%) trabajando en el Poder Judicial.
Montero manifestó que la aceleración en la cifra de pensionados también se explica porque, del 2007 al 2014, la planilla subió de 7.000 a 11.752 personas, de las cuales, poco más de la mitad (53%) gana entre ¢500.000 y ¢1 millón y solo 35 personas reciben más de ¢5 millones al mes.
Diferencias. A un funcionario del Poder Judicial le rebajan el 11% de su sueldo para aportar al Fondo; al momento de retirarse, le calculan el monto con base en las últimas 24 mejores remuneraciones. La reforma pretende considerar 120 salarios. Al jubilado le siguen rebajando el 11% del Fondo y un 5% para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En el caso de quienes cotizaron un 2,67% para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, no se les mantiene ese rebajo cuando ya están acogidos al retiro. Por otro lado, en este régimen, el tope máximo por pensión es de ¢1,5 millones.