El fiscal general, Jorge Chavarría, admitió que los altos funcionarios del Poder Judicial, incluidos los magistrados, utilizan la Plataforma de Información Policial (PIP) para su protección personal.
Chavarría explicó que mediante la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales, adscrita al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se realizan análisis de riesgos para evitar, por ejemplo, que un alto jerarca se hospede, durante una gira, en un hotel vinculado con el narcotráfico.
El fiscal comentó que, a finales del 2013, se realizó el paseo navideño de los funcionarios de la Fiscalía General, que consistió en un recorrido por el golfo de Nicoya. Previamente, pidieron un estudio al OIJ para determinar si era riesgoso que Chavarría asistiera.
Según dijo, la Unidad de Protección de Funcionarios le recomendó no acudir por cuestiones de seguridad (no detalló cuáles) y, por tanto, no participó en la visita, a diferencia del resto de sus compañeros.
En ese caso, el fiscal general aseguró desconocer si hubo ingresos a la PIP para investigar personas relacionadas con el paseo, pero afirmó que si así lo hicieron, estuvo bien hecho.
Reacción. Jorge Chavarría salió al paso de la denuncia que la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) realizó el jueves, en la que se sacudieron de los cuestionamientos recientes sobre el actuar de agentes del OIJ, quienes realizaron consultas irregulares de información del portero Keylor Navas en esa base de datos policial.
A raíz de esas consultas, Chavarría abrió una pesquisa contra 24 agentes, cuatro fiscales y el director del OIJ, Francisco Segura.
El jueves anterior, con el auditorio repleto de policías, el presidente de la ANIC, Álvaro Rodríguez, dijo que la PIP también fue usada por altos funcionarios judiciales para fines personales, pero no ahondó en detalles.
Además, reprochó que Jorge Chavarría cuestionara que la Policía Judicial realice investigación preventiva.
El fiscal general expresó que la ANIC distorsiona la realidad, ya que debe entenderse que el OIJ no puede realizar labor preventiva, sino que solo actúa cuando existe una denuncia sobre un posible delito.
Distinción. Al preguntársele cuál es la diferencia entre el uso de la PIP como parte de la prevención de riesgos que realiza el OIJ para altos funcionarios y los accesos a esta base de datos para prevenir un posible secuestro de un ciudadano, el fiscal respondió que no es lo mismo prevenir un delito que detectar un riesgo.
“Las investigaciones de la Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales no son preventivas, lo que buscan es establecer riesgos, no prevenir delitos, sino evitar riesgos para funcionarios”, explicó. Sostuvo que si hay una probabilidad de secuestro, el OIJ no debe intervenir, pero si existe información de que el hecho va a ocurrir, sí debe actuar.
El protocolo de protección a funcionarios fue aprobado por la Corte Plena el 17 de mayo del 2010 y establece que la amenaza debe de ser de posible materialización, actual e inminente y no abstracta o de riesgo genérico.
“Para evitar la puesta en peligro de la vida de una persona amenazada, lo mejor es prevenir, lo que conlleva un cambio importante en la rutina diaria del protegido tanto en lo laboral como en lo familiar”, dice la Unidad de Protección en su página electrónica.
Chavarría añadió que, incluso, los agentes de protección investigan en la PIP al personal doméstico o jardineros de las viviendas de altos funcionarios.
“No hemos dicho de ninguna manera que deban limitarse las potestades de investigación del OIJ y la utilización de la plataforma con fines lícitos. Esto lo tienen que tener claro ellos”, dijo.