Su fachada es como la de una casa cualquiera de Calle Fallas, en Desamparados, San José, pero, por dentro, esa apariencia cambia radicalmente.
En lugar de sillones y comedor, había una máquina para hacer ultrasonidos, una camilla para realizar exámenes ginecológicos, utensilios quirúrgicos, entre otros artículos. Era un consultorio clandestino, donde, al parecer, hacían abortos.
Las autoridades allanaron ese local y detuvieron a una mujer de apellido Morales y a su compañero sentimental, apellidado Barrantes. Pusieron fin a ese consultorio.
Pero, lejos de esta intervención policial, es poco lo que el país ejecuta para evitar los miles de abortos que se materializan anualmente.
Según el estudio más reciente de la Asociación Demográfica Costarricense, elaborado en el 2007, en Costa Rica se practican cerca de 27.000 abortos inducidos cada año. Es decir, hay 38 abortos por cada 100 nacimientos.
No obstante, pese a esa alta cifra y, a que se trata de un delito, las autoridades reciben, en promedio, solo 17 denuncias al año, confirmó el juez William Serrano, del Tribunal de San José, basándose en los datos del Departamento de Estadística del Poder Judicial.
De hecho, detalló, del 2010 al 2014 se recibieron únicamente 86 denuncias, de las cuales ninguna terminó en condena, sin que eso signifique que predominó la impunidad. Se desconoce si la denunciada era la mujer que se practicó el aborto o quien se lo ejecutó. Los datos del 2015 y 2016 aún no han sido procesados.
Para el juzgador, esa cifra resulta “ridícula” debido a que no constituye ni un 1% de los eventuales casos que se dan en el país.
“Hay un doble discurso. Por un lado no se permite abortar a ninguna mujer, pero lo que sucede es que las mujeres abortan. No se persigue penalmente, no se denuncia, hay gran grado de impunidad”, lamentó Serrano, quien aseguró que la solución es atacar el problema de forma integral y no subiendo las penas de cárcel.
Se intentó obtener una versión de la Fiscalía; sin embargo, comunicó que no se referirá al tema. También se le pidió la postura al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero no respondió.
En Costa Rica, el Código Penal establece que la mujer que se somete a este proceso y quien lo ejecuta, se ven expuestos a pasar desde tres meses hasta tres años en prisión.
Él único aborto que está permitido es el terapéutico (cuando la salud de la mamá está en riesgo); sin embargo, su aplicación es confusa.
Otras salidas. Aunque no exista condena, la mayoría de denuncias llega a “buen puerto”, según el juez Serrano.
Detalló que las mujeres que abortan evitan ir a juicio, por lo que se acogen a medidas alternas, tales como una suspensión del proceso a prueba. También, en situaciones muy puntuales, se les concede el perdón judicial.
“Ese tipo de medidas son para personas sin antecedentes, que cometieron un delito que se castiga con penas bajas, así que los denunciados por aborto cumplen con este perfil”, agregó.
Además de no tener antecedentes penales, los jueces miden las condiciones de vulnerabilidad en la que viven las imputadas. “Generalmente, son pobres, que quedaron embarazadas y viven en riesgo social. Deciden acabar con la vida del feto en condiciones precarias. Eso hace que el reproche sea menor, porque no es posible que el Estado penalice a una mujer por ser pobre”.
En otros casos, agregó, la Fiscalía les ofrece ser testigos a cambio de no investigarlas. “Como se trata de un delito dual, lo comete tanto la mujer que va, como quien se lo practica.
”La pregunta es: ¿quién es más reprochable? Desde el punto de vista social, la respuesta es: quiénes están lucrándose con el dolor ajeno, poniendo en riesgo la salud pública, porque lo preocupante es que no necesariamente los médicos hacen esto”, comentó el juez Serrano.
En el caso de Desamparados, por ejemplo, la supuesta dueña, de apellido Morales, estudiaba para ser abogada.
De hecho, Alejandro Madrigal, fiscal adjunto del Colegio de Médicos y Cirujanos, informó de que no hay ningún doctor sancionado por realizar abortos.
Complicación. Como ocurre con el resto de los delitos, lo ideal es que la denuncia se presente cuando ha pasado poco tiempo del aborto. Pero pocas veces sucede así.
Entonces, ¿cómo se puede determinar si abortó o no? Franz Vega, médico forense, explicó que todo depende de la edad gestacional que tenía cuando se sometió a ese proceso.
“A más meses tiene, es más sencillo percatarse y obtener evidencia física que permite determinar que sí hubo un aborto, porque se recopilan líquidos y sustancias que solo se dan después del parto”, apuntó.
Sin embargo, si se realiza en los primeros meses del embarazo, sí hay un grado dificultad importante. Si a eso se le añade que la denuncia se presenta mucho tiempo después, es más complicado llegar a un diagnóstico.
“Pero esto no tiene por qué entorpecer la investigación. Lo que nosotros determinamos aquí es parte de la indagación, pero no la define del todo. Los investigadores recopilan otra información que permite continuar con el caso”, aclaró Vega.
Asimismo, el doctor aseguró que cuando una mujer llega a un hospital con consecuencias “claras” de un aborto, deben remitirla a las autoridades para que se investigue.