La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que el desarrollo indagatorias a otras personas, denunciadas en la causa sobre presunta corrupción con obras viales (Caso Cochinilla), ha permitido detectar su participación en otros delitos conexos.
A este segundo grupo se le tenía como de una cooperación menor; sin embargo, se han descubierto delitos como estafa, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos y falsedad ideológica.
La investigación de este caso comenzó luego de detectarse la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020.
El Ministerio Público afirma que las actuales diligencias corresponden a personas que se encuentran en libertad, de las que al menos 10 ya fueron citadas y todavía faltan aproximadamente 25, las cuales están debidamente notificadas.
Algunas de esas personas son funcionarios públicos y también hay empresarios y allegados; empero, sus nombres no han sido divulgados.
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El fiscal adjunto anticorrupción Glen Calvo explicó que, después de revisar la prueba y el análisis de las pesquisas que actualmente desarrollan, podría aumentar el número de personas relacionadas con la causa. No obstante, en la conferencia del pasado 19 de junio indicó que de momento no han girado ninguna orden para nuevas detenciones.
“El Ministerio Público considera que no existe ningún peligro de fuga en las personas que han sido llamadas a indagar, todas están debidamente localizadas”, dijo Calvo.
Añadió que de momento no han registrado ningún intento de fuga, ni de personas que traten de obstaculizar la investigación y, en caso de surgir, el Ministerio Público acudirá a los mecanismos necesarios para detenerlos, así como para proteger la prueba y proteger testigos.
A las primeras personas que se indagó fue a los 30 detenidos el 14 de junio, “que forman parte completa y absoluta de la estructura criminal, con funciones, con determinaciones y con hechos debidamente establecidos”, sostuvo Calvo.
Luego comenzaron con otras 30 o 35 personas que forman parte de la estructura criminal, con una cooperación menor”, dijo el fiscal.
El Ministerio Público dedica cuatro días por semana para estas indagaciones.
La Fiscalía sigue con el análisis de la evidencia recabada en los allanamientos, así como con estudios periciales y económicos de lo referido a construcción de carreteras y obra pública hasta llegar al acto conclusivo.
El ente fiscal indicó que, de momento, no se ha tenido ofrecimiento por parte de la defensa técnica ni material de ninguno de los imputados, para ahondar declaraciones o aportar pruebas que permitan la condena de los otros, a cambio de lograr inmunidad procesal, lo que comúnmente se conoce como testigo de la corona.
Tampoco amplió en pormenores al indicar que “esta fase es privada, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”.