Un acuerdo entre las partes permitió cerrar el juicio civil pendiente por el caso ICE - Alcatel, que se remonta al año 2004 y del cual había sido absuelto en la vía penal el expresidente Miguel Angel Rodríguez desde diciembre del 2015.
Un comunicado de prensa del abogado Cristian Arguedas, defensor del exmandatario Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), explica que el acuerdo fue gestionado por la Procuraduría General de la República.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desistió de la demanda civil, que era lo único pendiente en ese juicio, a cambio de que no se condenara en costas al Estado, situación en la que Rodríguez estuvo de acuerdo y así lo había expresado desde hace varios años, pese a considerar que hubo serios daños y perjuicios que le causaron funcionarios públicos con esa acusación.
Los hechos que generaron el caso ICE-Alcatel se dieron entre el 2001 y el 2004, cuando se acusó el supuesto pago de dádivas a funcionarios para que se lograra la adjudicación de 400.000 líneas de telefonía celular a la empresa francesa Alcatel.
Al expresidente se le atribuyó instigación en el delito de corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio y aunque inicialmente se le condenó a cinco años, luego se echó atrás ese fallo y se ordenó un nuevo juicio en el que salió absuelto, pese a que luego hubo apelaciones de la Fiscalía.
En el 2016, el exmandatario expresó, al quedar libre de los cargos en forma definitiva por la Sala Tercera, luego del recurso de Casación que interpuso la Fiscalía, que nunca debió haber sido llevado antes los tribunales desde que volvió al país el 15 de octubre del 2004.
Atribuyó todo a una persecución de la Fiscalía, mediante “actos que realizaron Francisco Dall ‘Anese (exfiscal general) y el expresidente Abel Pacheco (2002-2006). Hubo una persecución infame”.
“Lo que queda de este proceso es que yo perdiera la posición más importante que ha tenido un costarricense en organismos internacionales”, expresó Rodríguez esa vez en referencia al haber perdido el puesto de secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De esta forma, finaliza 18 años después el citado caso que enfrentó Rodríguez, cuando de forma voluntaria decidió volver al país a ponerse a las órdenes de los tribunales.
Según Arguedas, con esto se terminan las acciones civiles que calificó de absurdas y sin asidero legal en contra del exmandatario del Partido Unidad Social Cristiana, quien tiene 83 años.
“Al final aceptamos la propuesta tanto del ICE como de la Procuraduría, porque después de tantos años, don Miguel Ángel lo que quiere es paz y tranquilidad en la etapa de la vida en la que se encuentra, y no tenemos intención de prolongar un litigio por otros diez años más”, concluyó Arguedas.