En 2017, el hacinamiento en las cárceles de Costa Rica rondaba el 28%: había 10.701 campos y el sistema recluía a 13.783 personas. En el 2018, se estimaba en 25%.
Sin que aumentara significativamente la capacidad, el número de reclusos llegó a 16.000 en los últimos nueve meses, como admitió la ministra de Justicia, Marcia González.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Cómo aliviar la crisis en materia de derechos humanos? En la búsqueda de estrategias, el Ministerio de Justicia y Paz pidió recomendaciones al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Para hacerlas, dos asesores en materia penitenciaria realizaron una visita al país esta semana. Recorrieron varios centros penales, entre ellos, La Reforma, en San Rafael de Alajuela, el más grande del país.
A partir de lo que observaron, dichos funcionarios harán sugerencias al Ministerio, dijo Alberto Cabezas, oficial de comunicación de la CICR.
Sus recomendaciones no son de carácter obligatorio, no obstante, "en el marco de los derechos humanos que le asisten a los reclusos, sería muy positivo que se acataran”, indicó Cabezas a La Nación.
“Efectivamente hay dos compañeros de la Cruz Roja y justo hoy (jueves) terminan esa visita. La petición de nuestra presencia se hizo desde el año pasado, pero no habíamos podido concretarla.
“Nosotros celebramos que un país quiera trabajar sobre el hacinamiento en centros de detención, ya que es una problemática que está muy presente en toda la región centroamericana; esto va más allá de una postura política”, indicó.
El informe se entregará en pocas semanas pero será confidencial.
La ministra de Justicia, Marcia González, explicó que esperan encontrar información como la capacidad real de los centros, las medidas de mitigación para los efectos adversos del hacinamiento y una revisión del plan integral con el que se pretende reducir la sobrepoblación a mediano y largo plazo.
“Este tipo de acciones (visita de inspectores) a lo interno del sistema penitenciario tiene por objetivo buscar la transparencia y la credibilidad en la información para la toma de decisiones. Queremos tener bases que nos permitan mejorar la atención dentro del sistema, al tiempo en el que cumplimos con el objetivo de merjorar la seguridad de los costarricenses”, manifestó la jerarca.
Condiciona la rehabilitación
Para la Cruz Roja Internacional abordar el problema de hacinamiento es “muy importante” porque, sin ninguna duda, este condiciona la capacidad de rehabilitación y reinserción de los reclusos a la sociedad. En Costa Rica no existe la cadena perpetua.
"Hay altos niveles de reclusión y no hay forma de manejar el aumento de encarcelamiento. Es decir, la falta de gestión hace que haya sobrepoblación (...) Lo que pasa es que esto debilita el paso de los reclusos por los centros penales.
“En lo que hay que enfocarnos es en que se puede atacar de distintas maneras; una de ellas es por medio de mejoras en la infraestructura y esto no quiere decir que se deba construir nuevos centros, sino que se debe trabajar en lo que ya hay y adecuarlos a las necesidades actuales”, puntualizó Cabezas.
La Cruz Roja Internacional también trabaja, en este momento, en prisiones de El Salvador, Guatemala, México y Honduras.