El plan de construcción de una nueva cárcel para mujeres fue desechado, pues dejó de ser una prioridad ante la situación fiscal del país.
José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social, explicó que procuran hacer el uso "más eficiente de los recursos disponibles".
“Era estratégico replantear este proyecto en concordancia con la revisión de necesidades (que se hace a lo interno de la cartera)", expresó el funcionario, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz.
La iniciativa anunciada en febrero por el entonces ministro de Justicia, Marco Feoli, pretendía sustituir el centro penal Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados, única cárcel en el país que da contención a mujeres, junto con un módulo que hay en la cárcel de Liberia, Guanacaste.
En cambio se levantarían instalaciones en un terreno de 13 hectáreas en San Rafael de Alajuela, donde se ubica el complejo penitenciario La Reforma.
La cárcel tendría un costo de ¢15.158 millones y estaba por iniciar el proceso de contratación administrativa. Estaría lista para 2019 y albergaría 667 mujeres.
Según Feoli, con la obra se saldaría una “deuda histórica de 50 años” con la población penal femenina.
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No obstante, el nuevo director de Adaptación Social insistió: "El contexto de la situación penitenciaria costarricense obliga a una revisión general de todos los proyectos que se tienen, así como de todas las necesidades y de las soluciones que se presentan en la coyuntura actual”.
Bajo esa premisa, el funcionario insistió en que el mayor problema de las reclusas no es el edificio, sino el desarraigo que sufren por estar alejadas de su entorno.
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Por esa razón, para la nueva administración la solución para las presas no es construir una nueva prisión; sino reubicarlas en centros penales más cerca de sus casas.
"No se está deteniendo la aspiración de lograr una mejoría en el tratamiento de las mujeres dentro del sistema penitenciario, sino que se está reorientando la solución propuesta", agregó.
El director no dejó claro si continuarían con la idea de construir una cárcel pero para otro tipo de población o si buscarían destinar esos recursos en otros proyectos.
Solo indicó que trabajan en la Estrategia Nacional de la Infraestructura Penitenciaria, con la cual, agregó, se diagnosticaría las necesidades del sistema.
“Implica analizar todas las necesidades y priorizar los recursos”, enfatizó.
Justicia no suministró el total de mujeres recluidas para este momento.
'No se puede anteponer las cifras a los derechos humanos'
El anterior ministro de Justicia, Marco Feoli, lamentó que, en este tipo de decisiones, pesen más el tema númerico y no los derechos humanos.
"Entiendo que se hacen cálculos que se limitan a las cifras y creo que eso al final termina golpeando a las mismas poblaciones de siempre: las más vulnerables. No se puede anteponer las cifras a los derechos humanos".
Recordó, de hecho, cuando la exministra de Justicia, Viviana Martín decidió cerrar, en el 2009, el módulo de mujeres en la cárcel de Pérez Zeledón porque se necesitaban esos espacios para los hombres. En aquel momento, las reclusas fueron llevadas al Vilma Curling.
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"Cuando se toman esas decisiones nada termina bien. No se puede poner el tema númerico por encima de las personas".
De igual manera, Feoli señaló que este proyecto de la nueva cárcel para mujeres se planteó entendiendo que esto no significaba perder espacios para hombres.
"Los casi 700 espacios de la Vilma Curling iban a ser usados por población masculina; solo se trataba de dar mejores condiciones a la población femenina que ha estado en un abandono histórico".
Justo para saldar dicha "deuda" es que el exministro consideró que las mujeres merecen que el Estado les dé otra respuesta.
"No voy a valorar la decisión de la ministra ni de su equipo porque siento que no me corresponde; lo que puedo decir es que, cuando fui ministro, estaba convencido de que eso era lo mejor".
Agregó: "Me ilusionaba mucho la posibilidad de que Costa Rica se pusiera al frente en defensa de derechos de las privadas de libertad".
Enviaron notas a ministra
Tanto el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) como la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes enviaron notas a la ministra, Marcia González, para conocer qué pasará con la población penal femenina bajo su administración.
El 6 de junio, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, envió una carta a su homóloga de Justicia, Marcia González, para insistir en la importancia de este proyecto. No ha recibido respuesta.
En este caso, el Instituto señaló que, pese al tema de presupuesto, el Gobierno debe entender la necesidad de contar con un centro penitenciario con mejores condiciones para la resocialización de las reclusas.
“Estamos conscientes de que en periodo de restricción del gasto se tomarán acciones que no serán favorables para todas las partes, sin embargo desde el Inamu continuamos defendiendo los derechos de las mujeres. (...) Es por ello que seguimos impulsando la creación de una edificación”, comunicó la entidad por medio de un correo.
Por su parte, Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer, detalló que el 27 de junio también mandaron una nota para pedir que se les aclare cuál es el compromiso de esta administración con las mujeres. Tampoco han recibido respuesta.
"No lo tenemos claro y necesitamos que nos lo defina, que nos de la postura institucional. Buscamos que coloquen a las mujeres en igualdad de condiciones frente a los hombres".
Asimismo, Mora lamentó que, solo porque las reclusas son una minoría en el sistema penitenciario, se les niegan mejores condiciones.
"Lo que hacen creer, entonces, es que las mujeres deben delinquir más para que tengan mejores condiciones y ese no puede ser el discurso. No se pueden dejar de lado", concluyó.
¿En qué consiste la reubicación?
Como la única cárcel que existe para mujeres es la Vilma Curling, en Desamparados, el Ministerio de Justicia apuesta por levantar módulos en otras cárceles del país, dedicados exclusivamente para población femenina.
Se prevé levantar 160 nuevos espacios en varias prisiones, sin embargo Justicia no precisó en cuáles. "Permitiría desarrollar, de manera gradual, una mejora en la condición de las privadas de libertad, al colocar a este grupo en una condición más cercana a sus zonas de riesgo", apuntó Bermudez.
La cartera estima que este proyecto culmine en el segundo semestre del 2019.
Se consultó por qué ocurriría con el resto de la población femenina recluida en el Vilma Curling, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.