El pago de ¢1.000 que hace el Poder Judicial por cada cadáver sepultado en el cementerio Calvo, en Mata Redonda, tiene disconformes a autoridades de la Municipalidad de San José.
Gustavo Salazar, encargado del departamento de Servicios Sociales y Económicos del municipio, aseguró que el convenio que permite hacer esos entierros debe eliminarse.
Dicho acuerdo se firmó en 1993 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Édgar Cervantes, y por el exalcalde, Johnny Araya.
Salazar calificó de “ridículo” el pago que recibe la Municipalidad por entiero.
Además, resaltó que, en los últimos meses, la institución tuvo que invertir aproximadamente ¢28 millones en infraestructura.
Según detalló, se invirtió en baños y área de comidas para los trabajadores municipales que se encargan del mantenimiento del cementerio, bodegas para materiales, combustibles y desechos y una zona para área administrativa.
El funcionario dijo además que el espacio disponible en el cementerio es cada vez menos porque existe otro convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que obliga a sepultar ahí a personas que fallecen por muerte natural en hospitales y no se pueden encontrar a familiares.
Salazar abogó por encontrar a una solución, pues, según expresó, de seguir de la misma forma, el municipio en algún momento tendrá que decir al Poder Judicial y a la CCSS que no hay más espacio.
El cementerio Calvo fue creado principalmente con un objetivo de bien social para que los vecinos de San José que no tuviesen recursos suficientes pudieran enterrar ahí a sus seres queridos.
Con base en ello, la municipalidad no puede negar el servicio a los ciudadanos del cantón que requieren de un espacio, indicó Salazar.