Una funcionaria judicial de Cartago fue detenida la mañana de este viernes por figurar como sospechosa del delito de hurto.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la identificó como de apellido Chacón, de 62 años. Indicó que fue detenida pasadas las 8 a. m. en su lugar de trabajo, en un juzgado cartaginés, sin precisar cuál.
Los hechos se dieron en febrero, cuando aparentemente la sospechosa se habría encontrado una tarjeta bancaria propiedad de la ofendida y en apariencia realizó una compra en la cafetería del edificio judicial.
Cuando la ofendida se percató de la pérdida de la tarjeta, interpuso la respectiva denuncia y a través de la investigación se logró identificar que su compañera era la sospechosa de haber realizado dicha compra.
Aparentemente la ofendida es una jueza de un juzgado de familia, pero el OIJ respondió que no podía confirmar la información.
Segundo caso de funcionarios judiciales detenidos
Este es el segundo incidente con funcionarios judiciales aprehendidos en los últimos dos días en Cartago. Este jueves un juez penal, de apellidos Leiva Masís, fue detenido por presuntamente haber filtrado información de un operativo para capturar a un sospechoso.
De acuerdo con las pesquisas, el funcionario supo en febrero pasado que el Ministerio Público desplegaría un operativo en diferentes puntos de Cartago, por lo que habría trasladado datos confidenciales a una tercera persona y esta, a su vez, lo habría informado a la madre de la persona investigada, para aparentemente evitar su aprehensión.
Tanto el juez, como una mujer de apellidos Alvarado Solano (madre del sospechoso que logró evadirse), fueron pasados a las órdenes del Ministerio Público y este viernes esa dependencia indicó que ambos quedaron libres sin medidas cautelares.
Al juez se le investiga por una posible infracción al artículo 62 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Dicha norma impone prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esa misma ley.
Colaboró en esta información Paula Córdoba.