Una funcionaria de la Dirección General de Aduanas en Paso Canoas, de apellido Granados, es investigada por presuntamente colaborar con una banda dedicada al contrabando agravado y la legitimación de capitales.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacó que dicha organización cometió una evasión fiscal de al menos ¢800 millones.
Ocho supuestos integrantes de la banda fueron capturados, la mañana de este martes, en 12 allanamientos. Granados no fue detenida por su avanzado estado de embarazo, pero las autoridades indicaron que ella forma parte de la investigación y que se apegará al proceso.
Los operativos, llevados a cabo por los agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (Oecdo), se desarrollaron en ocho casas, tres bodegas y una oficina aduanera ubicadas en Cartago, Heredia, Alajuela, San Carlos y Golfito.
Según el informe del OIJ, entre los detenidos figuran un hombre de apellido Segura, quien se presume es el cabecilla de la organización, y seis sujetos más apellidados Quesada, Aguilar, Vega, Delgado, Chacón y Quesada. Además, fue detenida una mujer de apellido Lizano.
Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron numerosos paquetes de cigarrillos, un arma de fuego y una cantidad sin precisar de latas y botellas de licor.
Decomiso dio la alerta
Según el OIJ, las investigaciones contra los sospechosos comenzaron hace varios meses, cuando en Río Claro de Golfito, personal de la Policía de Control Fiscal (PCF) detuvo un camión con placa de Panamá, en el que viajaban dos sujetos de ese país.
El vehículo pesado trasladaba numerosos electrodomésticos que estaban debidamente reportados en la Declaración Única Centroamericana (DUCA); sin embargo, no era lo único que llevaba.
“El personal de PCF ubicó gran cantidad de mercancía de contrabando correspondiente a cajetillas de cigarrillos, las cuales no se encontraban descritas en la declaración de importación”, explicó la Policía Judicial mediante un comunicado.
De acuerdo con las autoridades, después del decomiso, los cigarrillos fueron sometidos a una valoración que demostró que el monto económico por aduanas e impuestos evadidos ascendía a $700.000 (¢351 millones, al tipo de cambio actual).
Tras el decomiso y la valoración de los daños, se inició la investigación para identificar a los propietarios de la mercancía de contrabando decomisada, determinar sus funciones y desarticular el grupo delictivo.
El OIJ destacó que, mediante la investigación, se estableció que se trataba de una organización criminal estructurada, en la que sus integrantes, aparentemente, desempeñaban roles específicos dentro del engranaje.
Además, las pesquisas revelaron que el grupo criminal, amparado en la conformación de sociedades anónimas, simulaba actividades lícitas como servicios de transporte, comercio de bienes y distribución de parafina para disfrazar las ganancias obtenidas por el contrabando.
Como parte de las acciones policiales, el 1.° de setiembre del 2023 se le decomisó a esta estructura un total de 4,5 millones de unidades de cigarrillos en 451 bultos, con 10.000 cigarrillos en cada bulto.
Modo de operación
La forma de operación de este grupo era meticulosamente planificado. La primera etapa consistía en que los líderes o miembros de la banda, al parecer, establecían contacto con una organización delictiva similar en Panamá, la cual se encargaba de realizar la transacción de compra y venta con el contrabandista costarricense.
Una vez cerrado el trato, ambos grupos realizaban las coordinaciones correspondientes. En el lado panameño, debían gestionar todo lo necesario para enviar la mercancía y activar los contactos dentro de su país para que la carga pudiera llegar hasta la frontera con Costa Rica y pasar sin problemas.
Cuando la mercancía estaba a punto de ingresar al territorio nacional, se iniciaba la fase de importación, que requería más cuidado, atención e inversión. Aquí es donde, aparentemente, los delincuentes contaban con la ayuda de Granados, quien presuntamente facilitaba el ingreso de la mercancía al país.
La siguiente fase era el almacenaje, para lo cual el grupo tenía bodegas adecuadas para guardar la mercancía y distribuirla posteriormente.
“Con este tipo de acciones lo que buscamos es no solamente abordar la criminalidad violenta, como los homicidios o el narcotráfico, sino también hay otra parte del crimen organizado que tienen otro tipo de operación diferente a la que ya estamos acostumbrados”, destacó Rándall Zúñiga, director del OIJ.
Según el director de la Policía Judicial, la investigación fue bautizada como “Charuto” debido a los cigarrillos decomisados.
Colaboró en esta información el periodista Kevin Ruiz.
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