Un panameño y un colombiano, quienes el próximo lunes deberían de enfrentar nuevamente la justicia, por un triple homicidio en Banegas de Sierpe de Osa, en Puntarenas, desaparecieron del país.
El hecho lo confirmó la semana anterior la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República, la cual comunicó que el Tribunal Penal de Osa giró contra los sospechosos una orden de captura internacional.
Los prófugos fueron identificados como Edilson González Pérez, de 39 años, de nacionalidad colombiana, quien permanecía en Costa Rica como refugiado, y Luis Carlos Martínez Ríos, de 29, originario de Panamá y quien radicaba en la zona fronteriza de Paso Canoas.
La fuga la detectaron recientemente oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando trataron de localizar a los imputados en las direcciones, en las cuales estarían radicando en suelo costarricense.
Caso. El caso por el cual se pretendía juzgar a los foráneos se produjo el 1.° de agosto del 2012 en una finca, en la localidad de Banegas. Las víctimas fueron Rodrigo Steller Jiménez, de 52 años, dueño de la propiedad, Marvin Eliécer Barrozo Jiménez, de 41 años, y Giovanni Durán Gamboa, de 45.
Los cuerpos de los hombres fueron hallados en un trillo de unos 30 metros que hay entre un rancho de la propiedad y un sector montañoso.
Steller tenía atados los pies con cinta adhesiva y presentaba heridas de bala. Barrozo igualmente tenía pies y manos amarrados con cinta adhesiva y evidenciaba heridas de arma blanca en el cuello. En tanto, Durán solo presentaba impactos de bala.
Para la Policía Judicial, el triple homicidio fue el robo de un cargamento de cocaína.
A los imputados en el crimen se les detuvo en enero del 2013 y el juicio lo realizó el Tribunal de Juicio de Osa, entre el 31 de marzo al 27 de mayo del 2014.
Al terminar el debate, los jueces Karol Delgado Rivera, Reinaldo Araya Ucañan y Eladio Sánchez Guerrero, absolvieron por certeza a los dos imputados.
Incluso, la jueza Delgado calificó las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía como “deficientes, vergonzosas y espurias”.
Asimismo, se reprochó que los investigadores no dieran credibilidad a la versión de un testigo, de 79 años, quien, supuestamente, estuvo el día de los hechos. Ese testigo describió las características físicas de quienes cometieron el crimen y estas no coincidían con las de los imputados.
Los sospechosos fueron puestos en libertad.
Nuevo debate. No obstante, la Fiscalía impugnó la absolutoria basada en que el juicio se extendió por más de dos meses, pues el Tribunal suspendió las audiencias en numerosas oportunidades y de manera desorganizada.
“Eso implicó que los juzgadores no estuvieran concentrados en el debate, lo cual se evidencia en la forma tan descuidada en que aparece redactado el fallo, confundiéndose la fundamentación descriptiva con la analítica, apareciendo también apreciaciones subjetivas de los jueces, basadas en conjeturas, especulaciones y frases irrespetuosas hacia los intervinientes”, alegó el fiscal Sergio Gutiérrez Quirós.
El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, integrado por Marco Mairena Navarro, Jorge Arturo Rojas Fonseca y Jaime Robleto Gutiérrez, ordenó el 7 de noviembre del 2014 repetir el contradictorio por la falta de continuidad de las audiencias.