Las organizaciones narco extienden sus tentáculos sin distingo de edad o condición y aprovechan la vulnerabilidad de los menores de edad para involucrarlos en hechos ilícitos.
Y así lo demuestran los datos del Ministerio Público: Entre enero del 2018 y febrero de este 2021 se tramitaron 374 casos que involucraban a adolescentes menores de 18 años en asuntos de narcotráfico.
La cifra corresponde a los expedientes abiertos en las 14 fiscalías del país que tienen personal exclusivo en materia penal juvenil.
Es decir, en promedio se atendieron casi 10 casos de menores en narco por mes, sin contar los que pudieron ingresar en las otras 28 fiscalías y 11 despachos especializados del Ministerio Público.
La mayoría de los menores procesados (157), se atendieron en San José, seguido por Cartago (57) y Alajuela (53).
Aunque más del 90% de los involucrados en estos hechos son hombres, también las mujeres se suman a pandillas dedicadas a esos delitos. En Alajuela, el 30% de las procesadas son jovencitas, es decir, 17 de los 53 menores con un expediente por narcotráfico.
También hubo mujeres involucradas en narco en Cartago, Heredia y Liberia.
Estos datos trascienden pocos días después de que se registrara el homicidio de un adolescente en Barranca de Puntarenas, pues este miércoles 17 de marzo el cuerpo de un muchacho de 16 años fue encontrado en un lote baldío cerca de su casa en la ciudadela Manuel Mora.
Tenía cinco disparos en diferentes partes del cuerpo y su asesinato se investiga como un ajuste de cuentas. Él es uno de los 6 menores que han sido asesinados en menos de tres meses de este 2021.
Sin hacer alusión a casos específicos, el fiscal adjunto de la Sección Penal Juvenil, Luis Diego Hernández Araya, sostiene que las bandas de narcotráfico echan mano de menores vulnerables, a los que incentivan a consumir drogas, a la violencia y a conseguir dinero fácil, pero ilícito.
“Los enrolan a sabiendas de que suelen ser de fácil manipulación y más temerarios. Además, porque tienen mayores facilidades de conseguir “clientes” (otros jóvenes) y presumen de que no tienen responsabilidades penales”, dijo Hernández.
El funcionario judicial dejó claro que los menores de 18 años no están exentos de ser juzgados por sus actos delictivos, pues la Ley de Justicia Penal Juvenil aplica para personas con edades entre 12 y 17 años, inclusive.
Delitos sexuales y robos
Más allá del narcotráfico, los delitos sexuales y los robos constituyen las principales causas por las que menores son presentados a la Fiscalía Penal Juvenil, informó el Ministerio Público ante consultas de La Nación.
Por ejemplo, los asuntos netos en materia penal juvenil que ingresaron en el 2020 a las 42 fiscalías y 11 despachos especializados del Ministerio Público, son encabezados por 1.117 casos de delitos sexuales, según el Departamento de Estadística del Poder Judicial.
Le siguen 673 robos agravados, 387 causas por amenazas y 352 agresiones con armas, así como 264 hurtos simples. En muchos de estos asuntos, el delito lo cometen los adolescentes para financiarse sus adicciones.
La pena que se impone a los muchachos vinculados con narcotráfico u otros delitos puede variar según las condiciones de la persona imputada.
Entre las posibles sanciones están suspensiones del proceso a prueba, que consisten en cumplir un plan reparador por el delito, por ejemplo un trabajo comunal, iniciar estudios o empezar un tratamiento psicológico.
También están las libertades asistidas, órdenes de supervisión y orientación, así como el internamiento.
Para el fiscal Hernández, es de suma importancia estimular a los menores para que estudien y puedan optar por fuentes de empleo. “Desde la familia se les debe educar y controlar la información a la que tienen acceso por medios electrónicos, en los que, en ocasiones, se les incentiva a situaciones negativas”.
‘Se ve la violencia como normal’
Este mes, justo cuando se cumplen 25 años de la promulgación de la Ley Penal Juvenil, Javier Llobet, abogado especialista en la materia, recordó que muchos de los jóvenes que se enfrentan a esta legislación están fuera del sistema educativo.
En el marco de un foro organizado por la Red Costarricense de Política Criminal y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud), Llobet insistió en garantizar el derecho a la educación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, principalmente los más pobres.
Citó la encuesta nacional de hogares del 2018, donde se revela que el 34% de los niños viven en pobreza y el 12% en pobreza extrema.
También reveló datos previos al encierro por la pandemia, donde consigna que gran parte de los jóvenes sentenciados han dicho que viven en abandono afectivo, presencial y económico.
Lo anterior está muchas veces acompañado por excesos de agresión física y psicológica, que impulsan a los muchachos a irse a las calles, donde se enrolan en pandillas.
“A ello se une la existencia de una cultura de violencia a nivel familiar y social que hace perder la sensibilización frente al daño causado a otras personas, y se ve la violencia como normal”, acotó Llobet.
Más allá de la pobreza, llamó a luchar contra la exclusión social, al estimar que eso convierte a los jóvenes en presa fácil de la violencia de bandas en las que se ven inmersos, tal y como lo indica el informe del Comité de Derechos del Niño y de la Niña, elaborado en el 2020 en nuestro país.
Llobet estima que se requieren mecanismos de alerta temprana para prevenir la violencia de las bandas contra menores, así como programas que ofrezcan protección y alternativas a los que ya están en ellas, de modo que puedan abandonarlas y reintegrarse a la sociedad.
Ley penal juvenil nació hace 25 años, en medio de ‘Los Chapulines’
En medio de un ambiente delincuencial generado en gran parte por bandas juveniles que azotaron en la década de los 90, se promulgó el 8 de marzo de 1996 la Ley de Justicia Penal Juvenil (N.° 7576).
En esos años, grupos de 8 a 12 muchachos, casi todos menores de edad, asaltaban en recorridos que hacían por el Paseo Colón, las avenidas segunda y central y los principales parques de San José y a veces de otras localidades.
Armados, principalmente con armas punzocortantes, arrebataban cadenas, relojes y bolsos. En varios casos, hirieron a los transeúntes.
Se les conocía como ‘Los Chapulines’,una alusión despectiva que se refiere a las plagas de langostas o insectos que arrasan cuanto encuentran a su paso.
Al cumplirse 25 años de que la Asamblea Legislativa ratificó esa legislación, la Red Costarricense de Política Criminal y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud), organizaron un foro virtual denominado “Diálogos sobre justicia penal juvenil”.
Allí, el magistrado de la Sala III, Álvaro Burgos, coordinador de la subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, reconoció que todavía se debe avanzar en el mejoramiento teórico y práctico de esa legislación por parte de quienes administran justicia.
Burgos acotó que gracias a la Ley de Justicia Restaurativa (N.° 9582), que se aprobó en julio del 2018, muchos menores, así como adultos, se han librado del proceso judicial con sanciones alternativas, las cuales apenas se están empezando a aplicar y se espera difuminar por todo el país.
Citó el caso de Cartago, donde la fusión del Poder Judicial, la Policía y la comunidad, ha sido ejemplar para la participación de jóvenes con sanciones en proyectos comunales.
Por su parte, Carlos Tiffer, experto en materia Penal Juvenil, hizo un llamado urgente a diferenciar la justicia juvenil en relación con la de adultos, para no desviar los objetivos de la primera.
Sostuvo que a veces en el ámbito judicial se han aplicado sanciones no previstas en la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo cual considera incorrecto.
De igual manera, mostró su preocupación por la “crisis sin precedentes que ha generado la pandemia de la covid-19. Es muy probable que vaya a generar más violencia, más delito y sobre todo más conflictos de carácter social”, dijo.
Los expertos coinciden en que, para los menores, siempre deben prevalecer las medidas alternativas al confinamiento, salvo casos muy excepcionales, sin que ello quiera decir que no afronten la responsabilidad por sus delitos.
No se trata de alcahuetearlos, afirmaron, sino de no rebasar con altas penas la culpabilidad contra menores que, muchas veces, por fallos en la asistencia social incurren en delitos.
Mortal disparo en colegio
Uno de los casos más sonados sobre condenas a menores de edad ocurrió el 17 de noviembre del 2010 en los Tribunales de Heredia.
Esa vez se dictó el máximo que contempla la Ley de Justicia Penal Juvenil (15 años) contra un menor de 17 años por el asesinato de la directora de su colegio.
El 1.° de julio del 2010, ese alumno del Colegio Montebello, en Mercedes Sur, le disparó en la cabeza a la directora, quien falleció 10 días después a raíz del impacto recibido en el cuello.
La fallecida fue Nancy Chaverri Jiménez, de 49 años.
El suceso generó una gran controversia y en aquel momento se le pidió al Ministerio de Educación reanudar la revisión de bultos a los estudiantes, para evitar el ingreso de armas a los centros educativos.
Al colegial primero le impusieron la pena máxima, que es de 15 años de internamiento, medida que luego se le disminuyó a nueve años y, posteriormente, el muchacho quedó libre, al cumplir la mitad de esa pena, pues se acogió al beneficio de cambiar el internamiento por libertad asistida.
Un supuesto maltrato recibido por el estudiante habría sido el motivo que lo llevó a planear el asesinato de la docente, quien era madre de dos hijos, uno de ellos de 12 años.
Solo dos años antes, en el 2008, otro menor de 14 años fue sentenciado con pena de cárcel por asesinar a un colegial en Tibás.
El Tribunal le dictó siete años por homicidio y uno por robo agravado, al encontrarlo culpable de matar a Josué Rojas Morales, de 17 años, quien era vecino de urbanización Santa Mónica, en Bajo Los Rodríguez, Tibás.
El colegial falleció en el Hospital Calderón Guardia luego de que el adolescente y un mayor de edad, uno de ellos con pasamontañas, lo interceptaron cerca de su casa y le robaron el bulto y el teléfono celular, para lo cual le dispararon con una pistola en el abdomen.