Una banda sospechosa de robar más de ¢1.100 millones en comercios de la Gran Área Metropolitana, Puntarenas y Atenas está a un mes de conocer su suerte y saber si enfrentará un juicio por robo agravado, asociación ilícita, hurto agravado, cohecho y uso de documento falso.
A los 30 sospechosos se les vincula con 39 hechos delictivos ocurridos entre julio del 2018 y noviembre del 2020, según precisó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Según ese mismo documento, a partir del próximo 29 de agosto está prevista la audiencia preliminar en el II Circuito Judicial, en Goicoechea, donde los fiscales solicitarán que el expediente 18-019772-0042-PE se eleve a juicio.
En este asunto están identificados como presuntos cabecillas dos hombres de apellidos Mora Abarca y Cordero Hernández, así como cinco oficiales de la Fuerza Pública, de apellidos Vega Espinoza, Rivas Esquivel, Vindel Cantillo, Delgado Vargas (mujer)y Beita Jiménez.
Los tres primeros laboraban en la delegación de El Roble de Puntarenas. Delgado trabajaba en San Rafael de Esparza, también en Puntarenas, mientras que Beita pertenecía a la delegación de El Carmen, en San José, informó el Ministerio de Seguridad cuando ocurrieron las detenciones, en diciembre del 2020. Además, agregó que los implicados tenían entre nueve y 13 años de desempeñarse como policías.
Modo de operar
En aquella época, también se supo que la banda alquilaba locales comerciales con el único objetivo de luego hacer boquetes en las paredes y así robar “tranquilos” la mercadería de los negocios contiguos. Este método fue el que usaron para robar una joyería en un centro comercial de Curridabat, informó el Organismo de Investigación Judicial el año pasado.
“Según la investigación, los robos ocurrieron en comercios como joyerías, farmacias, supermercados y tiendas, entre otros. Se sospecha que la mayoría de los hechos tuvieron lugar en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, se registran otros eventos en Puntarenas y Atenas”, agregó el Ministerio Público.
Otro de los modos de operar era que los malhechores llegaban en la noche al local, cortaban los candados y levantaban la cortina de hierro que usualmente utilizan los negocios cuando están cerrados al público.
Unos ingresaban al comercio, mientras que otros delincuentes que estaban afuera cerraban la cortina y ponían candados que ellos llevaban para evitar llamar la atención de terceros.
En paralelo, quienes habían entrado se encargaban de alistar toda la mercadería, al tiempo que quienes se quedaban en vía pública acercaban un camión, adonde meterían todos los artículos robados.
El tercero de los métodos usados era ingresar por los techos de los comercios y dejar los locales completamente vacíos.
El perjuicio económico se estima en ¢1.122,5 millones, desglosados en ¢934 millones y $281.500.
La semana pasada se desarrolló una audiencia ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, en la que la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares que cumplen 24 de los 30 acusados, para garantizar que se mantengan apegados el proceso.
“De estos, 12 permanecen en prisión preventiva, 10 cuentan con monitoreo electrónico y dos más cumplen con las medidas cautelares de firmar una vez al mes e impedimento de salida del país”, detalló el Ministerio Público antes de que trascendiera la resolución del juez.