El empresario limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, está más cerca de enfrentar un juicio por el delito de usurpación de bienes de dominio público, luego de que la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental presentara en diciembre la acusación en su contra.
A Bell y ocho personas más les atribuyen la construcción y uso de un muelle ilegal en bahía Portete, Limón, causa tramitada bajo el expediente 15-000440-063-PE.
En la acusación, presentada el 22 de diciembre anterior, se incluye al hermano de Bell Fernández, así como otras siete personas de apellidos Álvarez Fernández, Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón, Picado Grijalba, Lindo Roves y Buchanan Sthepens.
La conclusión del fiscal, informó el Ministerio Público, está en proceso de notificación a las partes, incluida la Procuraduría General de la República.
"Una vez que venza el período de comunicación, la acusación será presentada ante el Juzgado Penal de Limón, con solicitud de apertura de juicio", añadió la Fiscalía.
Bell había admitió ante una institución pública, en julio de 2015, haber construido el muelle ilegal que apareció en bahía Portete, en el mismo complejo portuario donde la Policía capturó una lancha cargada con marihuana comprimida, en noviembre del 2014.
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Lo hizo mediante el envío de documentos al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), en los cuales se atribuyó la construcción y la posesión de los terrenos contiguos.
Además, aportó una declaración jurada para solicitar un permiso para embarcar, desembarcar y almacenar productos pesqueros en ese enclave muellero de 22.000 m².
Según se conoció en noviembre de 2015, ese muelle se construyó entre agosto y diciembre del 2014 en un área cuya administración corresponde a la Municipalidad de Limón.
Ese dato lo reveló el jefe del Área Catastral Técnica del Registro Público, Guillermo Rodríguez Rodríguez, en una comparecencia ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, de aquel momento.
Según él, “sería un área patrimonial del Estado. Un bien inalienable y no sería sujeto de propiedad privada”.
Además, según un decreto de 1992, el Ayuntamiento era el encargado de administrar y cuidar los terrenos que quedaron al descubierto con el levantamiento de la corteza por el terremoto de 1991.
Con esa declaración de Rodríguez, los diputados de aquel foro dieron por resuelta la duda, pues el alcalde de Limón, Néstor Mattis, aseguraba que la zona del muelle no era municipal, sino del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El Instituto lo rechazó.
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Aparte de este caso, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada investiga a Macho Coca por el presunto delito de tráfico de drogas, bajo el expediente 16-000158-1219-TP.
La causa se encuentra en la etapa preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas, y se considera confidencial.
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