El Ministerio Público solicitó una condena de seis años de prisión para el exalcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, al señalarlo como presunto responsable de siete delitos de concusión, que es inducir a una tercera persona a prometer un beneficio patrimonial.
La gestión la planteó este miércoles el fiscal Freddy Calderón Chaves, durante un juicio que dirige el Tribunal Penal de Juicio de Hacienda y se realiza en los Tribunales de Goicoechea.
En la petitoria, Calderón también solicitó que se impongan cuatro años de cárcel a Saúl Barrantes Mora, un funcionario de la municipalidad de Talamanca, en Limón, por su complicidad en el caso. A este hombre se le atribuyen dos delitos de concusión.
En este juicio, que se inició en octubre pasado, se juzgan hechos que sucedieron entre el 2005 y el 2009.
De acuerdo con la acusación fiscal, el alcalde, con la presunta complicidad de dos funcionarios del ayuntamiento, Barrantes y otro de apellido Cortés, así como de un empresario de apellido Esquivel, ejecutaron un plan para que tres compañías relacionadas a este último resultaran beneficiadas con compras de repuestos y adjudicación de obras.
A cambio, supuestamente el empresario realizaba depósitos de dinero a favor de las personas ligadas a la municipalidad.
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Durante el desarrollo del proceso penal, Cortés y Esquivel recibieron un criterio de oportunidad en el cual se les excluía de cualquier persecución penal, a cambio de que se presentaran a declarar en el debate contra Morales y Barrantes.
Reclamo por daño a sociedad
Durante la audiencia de este miércoles, la procuradora Paola Madriz pidió al tribunal que se condene a los dos imputados al pago del daño causado por las actuaciones irregulares.
Argumentó que durante las diversas audiencias, con el relato de testigos y la prueba documental aportada, quedó verificado que Esquivel, luego de recibir algún pago por un servicio que realizaba a la municipalidad, hacía un depósito supuestamente a favor de los funcionarios municipales.
"Por estos actos de corrupción hubo un daño que se ocasiona a la colectividad (...) lo más grave es que se da en una población que es una de las más pobres del país, que tiene una gran porción de población indígena, que vive del trabajo del cacao, el banano y el plátano", explicó.
Madriz solicitó que se condene a Rugeli Morales a pagar ¢8 millones y a Saúl Barrantes, ¢2 millones.
"Es una cifra conservadora, pero consideramos que es real y suficiente para que respondan con sus bienes" argumentó la procuradora.
Defensa arremete contra Fiscalía
El abogado Edgargo García, defensor del exalcalde y de Barrantes (actual funcionario del municipio), alegó durante el periodo de conclusiones que la Fiscalía Adjunta de Limón, que dirigió esta pesquisa, presionó a los testigos Cortés y Esquivel.
"El fiscal adjunto Celso Gamboa en el año 2010 hace dos convenios de oportunidad con dos imputados para que sirvan de testigos contra el alcalde Rugeli Morales y los obliga, los coacciona a que declaren. Recoge las manifestaciones de ellos en el convenio y sin comprobar si era cierto lo que estaban afirmando, pide una orden de allanamiento y logra que los imputados pasen tres meses en prisión", manifestó.
Asimismo, agregó que la investigación quedó inerte durante siete años y aún hoy siguen sin verificarse la veracidad de los hechos.
En su criterio, en el proceso hubo un incumplimiento de deberes y una violación a los derechos fundamentales de parte de los funcionarios que tuvieron a cargo esta pesquisa, "porque de acuerdo a lo que dicen los testigos de la corona, fueron obligados a declarar con tal de salvar su propio pellejo".
El juicio fue suspendido y continuará este jueves a las 8 a. m. con las conclusiones de la defensa. Luego el tribunal integrado por Sergio Quesada Carranza, quien preside, Roy Jiménez Mata y Sergio Quesada Carranza, anunciará cuándo dictarán la sentencia.