Por primera vez en los más de cinco años transcurridos desde que fue detenido el empresario cubano-estadounidense Luis Ángel Milanés Tamayo, el Ministerio Público solicitó este martes seis meses de prisión preventiva.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios comunicó por medio de la oficina de prensa, que se solicitó la medida porque “hubo un cambio de circunstancias que generaron nuevos peligros procesales”, pero no las detalló debido a que el caso está en una fase intermedia que es privada.
Milanés, de 62 años, fue capturado el 19 de junio del 2008 en un aeropuerto de El Salvador, tras permanecer seis años en fuga.
Afronta una causa por el repentino cierre de la captadora de dinero Savings Unlimited, ocurrido hace 11 años, hecho por el que unos 500 inversionistas lo denunciaron por un perjuicio de $46 millones.
Petición. La solicitud de prisión se realizó ayer en la mañana, en una audiencia preliminar que se realiza desde octubre, a puerta cerrada, en el Juzgado Penal de San José, para definir si el caso se eleva a juicio.
Esas audiencias podrían concluir a finales de noviembre, fecha en que también se resolverá si se acepta la prisión preventiva para Milanés.
Su abogado José Joaquín Ureña manifestó que se pronunciará sobre el pedido de la medida cautelar el próximo 18 de noviembre.
“Por respeto a la jueza (Dayanna Segura), no puedo adelantar lo que voy a decir, solo que nos oponemos y las razones serán expresadas en esa fecha”, explicó.
Ureña añadió que el fiscal que solicitó la prisión preventiva a la jueza Segura, reconoció que ya Luis Milanés había entregado todos sus bienes para responder a los ofendidos, entre ellos destacó su casa de habitación, sita en Escazú.
Según el Código Procesal Penal, la prisión preventiva se solicita, por ejemplo, si hay riesgo de fuga por falta de arraigos laborales o familiares o si hay peligro de obstaculización del proceso penal.
Incumplimiento. El 8 de octubre pasado, la jueza Segura declaró que Milanés incumplió con el pago de $578.000 en efectivo a las 500 víctimas de la supuesta estafa.
En mayo del 2011, Milanés concilió con los afectados, con quienes acordó la entrega de nueve propiedades valoradas en $12 millones, más $1,8 millones en efectivo.
A noviembre del 2012, las víctimas alegaron que solo les había entregado $1,2 millones.