La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó suspender de su cargo al director del Área de Conservación La Amistad - Caribe, quien es investigado por los delitos de prevaricato, cambio de uso de suelo e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Según un comunicado del Ministerio Público, el investigado responde a los apellidos Cyrus Cyrus y la audiencia de solicitud de medidas cautelares continuaba este miércoles en desarrollo en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
"De acuerdo con la investigación, el 9 de mayo del 2016, Cyrus aprovechó su puesto como director del Área de Conservación La Amistad Caribe para, en apariencia, autorizar de manera ilegal la corta de árboles en áreas de bosque sin plan de manejo y en contra de las regulaciones de la Ley Forestal.
“Se presume que con la actuación del imputado, una sociedad anónima se habría favorecido, ya que, al parecer, cambiarían el uso del suelo en una finca de Matina, con el aparente fin de utilizarla para explotación minera”, agregó la Fiscalía.
Además de Cyrus, también se investiga a otros hombres de apellidos Masís Segura, Castillo Castillo, Guerrero Guerrero, Espinoza Quirós y Hagges Channer.
“El primero es un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quien se sospecha que habría realizado el documento falso para la tala; se cree que los otros sujetos formularon la solicitud y ejecutaron la corta", reporta el Ministerio Público, que también aclaró que solo Cyrus participa en la audiencia.
El caso se sigue dentro de la causa 16-000018-0611-PE, en la fase de recolección y análisis de prueba.
Allanamientos en setiembre
En setiembre del año pasado, la Fiscalía confirmó que Cyrus era investigado, junto a otros dos funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía, porque habrían permitido el cambio de uso de suelo en una zona boscosa en Matama, Limón.
En aquel momento se realizaron allanamientos en la oficina del Minae de Siquirres, dos en el despacho de Limón, y otro en la casa del director del Área de Conservación La Amistad Caribe.
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El prevaricato, que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos, se castiga con penas de dos a seis años de prisión.
Entre tanto, el cambio de uso de suelo se penaliza con un mes a tres años de prisión.
La Nación intentó comunicarse con Cyrus, a su teléfono celular, pero no atendió la llamada realizada a las 5:15 p. m.