La Fiscalía solicitó tres meses de prisión preventiva para los dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que presuntamente intentaron vender en $15.000 un informe de un caso sobre crimen organizado.
Los sujetos, de apellidos Córdoba Quesada y Díaz Vega, fueron detenidos este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto a una mujer apellidada Márquez Wilson, en tres allanamientos.
Emilia Navas, fiscala general, manifestó que los tres sospechosos contactaron a un periodista (cuyo medio no fue identificado) y le ofrecieron los datos a cambio de dinero.
"Estas tres personas ofrecieron en venta copia de un expediente judicial que se estaba llevando a cabo en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, por los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales", precisó Navas.
Agregó que fue el mismo reportero quien presentó la denuncia ante las autoridades.
Para la mujer, el Ministerio Público pidió que se le dicte impedimento de salida del país, que no se comunique con los otros imputados y testigos, y que, además, no obstaculice la investigación.
A los tres, la Fiscalía les atribuye los delitos de concusión y de divulgación de secretos.
El Código Penal establece que la concusión castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión al funcionario que obligue “a alguien a dar o prometer, indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
Mientras que la divulgación es penada con sanciones desde los tres meses a los dos años de cárcel, para quienes divulguen hechos, actuaciones o documentos que, por ley, deben quedar secretos.
Navas dijo que tienen suficiente prueba para sustentar la acusación contra estos individuos.
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Córdoba y Díaz trabajaban en la Unidad de Recolección Policial de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ y tenían en la institución 10 y 15 años, respectivamente.
Ellos, en apariencia, mostraron parte de la documentación del caso que se investigaba a una tercera persona. Sin embargo, nunca recibieron el dinero, ni dieron la información.
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, dijo el lunes que el caso investigado no se vio afectado por el intento de comercialización de datos.
Al cierre de esta publicación, no trascendió el resultado de la audiencia en la que se solicitaron las medidas cautelares.