La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una causa penal contra la exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
El dato lo confirmó, este jueves, la oficina de prensa del Ministerio Público, que en un breve comunicado detalló que el proceso inició el pasado martes 20 de julio y que se tramita bajo el expediente 21-000167-1218-PE.
La acción del Ministerio Público comenzó luego de que recibieron una nota de la Corte Suprema de Justicia en la cual se solicita al ente acusador del Estado, determinar si Navas habría incurrido en un posible delito, por presentar un deficiente informe final de labores.
Precisamente, la Corte Plena había aprobado el 12 de julio anterior pasar la respectiva solicitud de investigación, luego de cuestionar la falta de claridad del documento y de señalar que el reporte no reunía los elementos necesarios para tenerlo como una rendición de cuentas del cargo.
Un total de 16 magistrados avalaron pedir el proceso al Ministerio Público.
Lo hicieron fundamentados en un análisis hecho por la Auditoría del Poder Judicial, que señaló que el reporte final “presentado por Emilia Navas Aparicio solo hace referencia a estadísticas sobre la labor sustantiva del despacho a su cargo”.
También indicó que el documento dejó de lado los demás requisitos mínimos obligatorios establecidos por la normativa emitida por la Contraloría General de la República (CGR) y que tampoco cumple con el formato institucional definido por el Consejo Superior.
El Código Penal, en su artículo 339, castiga el delito de incumplimiento de deberes con una pena de inhabilitación de uno a cuatro años para ocupar cargos públicos, al “funcionario que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función”.
Igual pena se impondrá al funcionario público que “ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.”
Caso a la Contraloría
La Corte Plena también había acordado enviar el documento elaborado por la Auditoría Judicial a la Contraloría General de la República (CGR)“para lo que corresponda”.
Es decir, lo que pidieron los magistrados es que la CGR determine si la exfuncionaria incumplió con las obligaciones que debe atender un jerarca cuando terminar sus labores.
En caso de que la Contraloría encuentre alguna falta, también se podría imponer una sanción que le impidiría a la exfiscala geneeral ocupar cargos públicos.
Emilia Navas había dejado el puesto el martes 30 de junio luego de acogerse a la jubilación.
Se pensionó en medio de muchos cuestionamientos porque ella se inhibió de conocer el Caso Cochinilla, pues su esposo Francisco Campos Aguilar figura como abogado defensor de varias empresas investigadas en el proceso judicial.
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Asimismo, en ese momento había circulado copia de un documento en el cual se detalla que Campos estuvo el 14 de junio pasado a las 7:12 a. m. cuando inició el allanamiento en las oficinas de la empresa MECO, ubicadas en la Uruca, San José.
Inicialmente, Navas había informado que dejaría su cargo, oficialmente, a partir del miércoles 25 de agosto, aunque en la práctica iba a ser el 12 de julio, pues tomaría vacaciones del 13 de julio al 24 de agosto.
Empero, en forma sorpresiva, adelantó su salida para el 29 de junio, luego de que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial aprobara la fecha del retiro.