Una exjueza penal del Tribunal de Limón, de apellido Gamboa, fue acusada hoy por la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada por dos delitos de infracción a la Ley sobre Estupefacientes y uno por tráfico de influencias.
Un comunicado de la Fiscalía indica que durante el período de la investigación en que se realaciona a Gamboa ella se desempeñó como jueza coordinadora del Tribunal Penal de Limón, lo que le permitía conocer audiencias de apelación y disponer de la agenda del despacho.
La Fiscalía vincula a la mujer con hechos ocurridos en el 2011, cuando se detuvo a un grupo de hombres que transportaba más de un kilo picadura de marihuana en el mar.
Luego de que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y el Juzgado Penal de la zona acogiera dicha medida cautelar, la defensa de los sospechosos apeló la resolución que privaba de libertad a sus clientes.
En la audiencia de apelación, la jueza levantó la prisión preventiva para uno de los imputados, en condiciones anormales, facilitando de esta manera la fuga del hombre, quien al día de hoy permanece prófugo de la justicia costarricense.
Otro caso por el cual se le atribuye la procuración de impunidad, de acuerdo con la acusación, tiene que ver la captura de un grupo criminal al que se le incautaron más de 33 kilos de marihuana y 2.6 gramos de hachís.
El Juzgado Penal acogió la solicitud de la Fiscalía para que la organización se mantuviera en prisión preventiva, pero cuando el caso fue apelado –según las pruebas en poder de la Fiscalía- Gamboa presionó al Tribunal para que ordenara la libertad de los sospechosos, situación que no se resolvió como ella quería.
La tercera actividad ilícita acusada señala que Gamboa se presentó con un familiar al Juzgado Penal para solicitar al juez que ordena la libertad en favor de un imputado por el delito de conducción temeraria.
La acusación fue presentada a las 10 a. m. ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, con solicitud de auto de apertura de juicio.
Los primeros dos delitos atribuidos a la exjueza establecen sanciones de ocho a 20 años de cárcel y de dos a cinco años de prisión, en el caso del tráfico de influencias.
La solicitud de apertura de juicio realizada por la Fiscalía deberá ser analizada en una audiencia preliminar que señale el Juzgado, órgano que acogerá o rechazará la petición.