Descubrir la existencia de asesoría financiera y contable brindada por expertos fue clave para perfilar que detrás de la extracción ilegal de oro existía toda una organización criminal.

Así lo reconoció la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, quien afirmó que con esos datos el caso fue abordado desde otra perspectiva.

Destacó la participación de un funcionario público del Ministerio de Hacienda, así como de abogados, contadores y otros profesionales.

“Este es un caso muy grave por el daño ambiental y también porque se trata de una organización criminal que ha venido siendo asesorada a nivel financiero y contable por expertos.

“Incluso, presuntamente asesorada por un funcionario público de Tributación Directa, específicamente, de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda, por eso, el caso se abordó con otra perspectiva y el conocimiento de que se trataba de una organización criminal”, explicó Navas.

Precisamente, el colaborador de Hacienda tenía un papel clave, ya que se encargaba del asesoramiento a otros miembros del grupo para que pudieran ocultar la ilicitud de las transacciones a las autoridades.

Además de este hombre, cuyos apellidos no fueron precisados, otras 25 personas fueron detenidas este jueves durante 32 allanamientos en cantones de Heredia, San José, Guanacaste y Puntarenas.

Según la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, la agrupación tenía roles establecidos y por eso, después de extraer material minero de manera ilícita en varias fincas de Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela, era trasladado en vagonetas y camiones hasta Abangares, Guanacaste, con el objetivo de procesarlo con equipos especiales, moler los sedimentos y extraer el oro que después, era exportado legalmente.

Miami, Los Ángeles y Houston, en Estados Unidos, eran los principales destinos del metal en lingotes, mientras que de manera más rudimentaria se llevaba hasta Nicaragua, país de origen de muchos de los coligalleros.

Medidas cautelares

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes informó este viernes que solo contra 14 de las 26 personas detenidas pedirá medidas cautelares.

Explicaron que las otras 12 son señaladas por “actividades ilícitas menos graves y/o que cuentan con arraigos procesales para enfrentar el proceso, por ahora, sin cumplir medidas cautelares”.

La audiencia comenzó a las 2:30 p. m. en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y debido a la cantidad de imputados es probable que se extienda hasta altas horas de la noche e incluso que siga el sábado.

De momento, las autoridades no han precisado quiénes eran los líderes de esta agrupación, que entre el 2018 y el 2020 exportó oro a Estados Unidos por un monto aproximado de ¢2.000 millones; sin embargo, esa cifra fue fijada a partir de los valores consignados en los documentos aduaneros de exportación, a lo cual habría que sumar el precio final cancelado por los compradores en el país destino.

Llamado de atención

Tanto Navas como Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, recalcaron que la problemática por la extracción ilegal de oro no acaba con los operativos desplegados este jueves para desestructurar a esta banda.

Por ello, hicieron un llamado de atención para que el Gobierno intervenga de manera más contundente en Crucitas.

“Es necesaria la atención de las instituciones públicas que deben velar por la salud pública, los problemas económicos, sociales y ambientales que existen”, aseveró Navas.

Espinoza, por su parte, destacó que en este caso hubo un esfuerzo muy importante del OIJ y la Fiscalía, pero que se requieren acciones “de otra naturaleza”.

“Los operativos son un aporte de los órganos represivos del Estado para tratar de solucionar una situación que, desde nuestro punto de vista, es importante e implica de manera necesaria la aplicación de la ley”, finalizó el jerarca judicial.