Un fiscal asignado a la Fiscalía Adjunta de Liberia, Guanacaste, fue suspendido del cargo cinco días porque se le olvidó pedir la prórroga de prisión preventiva de un piloto mexicano vinculado con el narcotráfico.
La sanción la ratificó el Consejo Superior, órgano administrativo del Poder Judicial, el pasado 17 de diciembre, luego de acoger una sentencia del Tribunal de la Inspección Judicial.
“Se confirma el acto administrativo recurrido en cuanto declara con lugar la queja y califica la falta cometida como grave, manteniendo la sanción de cinco días de suspensión sin goce de salario, impuesta al servidor.
“Comuníquese este acuerdo a la jefatura del Ministerio Público, para que de inmediato fije el período de suspensión correspondiente a la Dirección de Gestión Humana y al Tribunal de la Inspección Judicial, para lo que corresponda”, detalla la decisión judicial.
El caso por el cual se sancionó al fiscal, cuyo nombre no consta en la resolución, sucedió el 3 de noviembre del 2019 y está relacionado con la causa 19-001653-0396-PE, en la cual se investigó al piloto mexicano José Fernando García Toledo, de 25 años, en los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.
El aviador había sido detenido el 2 de agosto del 2019 en Salitral de Bagaces, Guanacaste, cuando oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), del Ministerio de Seguridad Pública, recibieron una alerta sobre una aeronave que aterrizó en una zona montañosa y de muy difícil acceso.
Cuando aeronaves del SVA rastrearon la zona observaron a varias personas caminando hacia la montaña y una avioneta en una pista clandestina. De inmediato se hizo un fuerte operativo policial que permitió el decomiso de 422 kilos de cocaína.
Asimismo, poco antes de anoche de ese mismo día, los policías capturaron a García cuando caminaba por vía pública cerca del bar El Retorno en Bagaces. Llevaba un teléfono satelital y un bolso con $46.000.
En aquel momento el imputado fue puesto a la orden del Juzgado Penal de Liberia que el 3 de agosto del 2019 ordenó la prisión preventiva por el término de tres meses, es decir, vencía al 3 de noviembre de 2019.
El aviador quedó preso pues según las autoridades judiciales existía una alta probabilidad y el peligro de fuga, ya que se trataba de persona de origen mexicano, detenido en flagrancia y que se exponía a una alta condena.
Falta al deber de cuidado
El fiscal ahora sancionado, asumió el caso el seis de agosto de 2019, pero por razones que no se consignan en investigación administrativa omitió pedir la prórroga de la prisión preventiva, razón por la cual el Juzgado Penal de Liberia, el 4 de noviembre del 2019, ordenó la inmediata liberación de García.
Sin embargo, agentes del OIJ, al día siguiente, esperaron que el imputado saliera del centro penal Calle Real, ubicado en Liberia y lo volvieron a detener.
El fiscal investigado solicitó otra vez la prisión preventiva pero el juzgado rechazó la gestión y solo impuso a García Toledo que dijera dónde iba a estar habitando. No obstante, el extranjero cambió de domicilio, por lo que el 7 de diciembre de ese mismo año lo ubican y de nuevo queda en prisión preventiva.
José Fernando García Toledo fue condenado a 20 años de prisión por tráfico internacional de cocaína y el delito de legitimación de capitales el 11 de setiembre del 2020.
Para la Inspección Judicial: “En el caso que nos ocupa, se ha acreditado una incorrección en el ejercicio del cargo por parte del fiscal auxiliar, traducido en una omisión de gestionar la prórroga de medida cautelar de prisión preventiva con antelación a su vencimiento (...) y permitió que el término venciera (...).
“Eso provocó que el imputado fuera puesto en libertad (...) poniendo en riesgo el proceso y con ello el buen servicio del Poder Judicial, situación que no resulta admisible, bajo ninguna perspectiva, considerando que se trataba de una causa penal.
“De lo hasta aquí expuesto, se denota una falta al deber de cuidado por parte del servidor judicial, en lo que respecta al tema del control y seguimiento de la medida cautelar de prisión preventiva.
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“La sanción de cinco días sin goce salarial se considera justa y proporcional a la gravedad de lo que se le acusó (...) pues el actuar omisivo del acusado no responde a las exigencias de eficiencia y responsabilidad, en el desempeño de la función”.
El fiscal en su defensa había argumentado que en el proceso no se hizo llegar prueba que acreditara “que la no solicitud de prórroga de prisión preventiva, obedeció a una omisión dolosa o negligente a título de culpa grave”. No obstante, la Inspección Judicial rechazó ese argumento.