El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó este jueves ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que el sospechoso de haber asesinado a otro hombre con un arma blanca el pasado 12 de enero, en las inmediaciones del Estadio Antonio Escarré, en barrio San Cayetano de San José, quedó libre por haberse tratado de una aparente legítima defensa.
Tal y como lo planteó el Ministerio Público ante el Juzgado Penal de San José, el fiscal reiteró que un video captado por una cámara de seguridad del centro deportivo demostró que el homicidio pudo derivarse de una legítima defensa y que por esta razón se decidió ubicar al imputado en el programa de monitoreo electrónico y no en prisión preventiva.
Esta decisión causó ácidas críticas del viceministro de Seguridad Daniel Calderón y del ministro del ramo, Jorge Torres, quienes cuestionaron que la policía administrativa detuviera al homicida y luego, casi de inmediato, el Poder Judicial lo liberara.
Al sospechoso, de apellidos Bilmore Rialto, se le colocó una tobillera con permiso de movilidad del 100%, por lo que puede trasladarse libremente por el territorio nacional mientras avanza la investigación del crimen y su respectivo proceso penal. El fallecido fue identificado como Óscar Alberto Leitón Zamora, de 47 años. Él murió durante su traslado al centro médico.
Díaz fue convocado este jueves a la Asamblea Legislativa para que se refiriera a la legislación y aplicación de la etapa de ejecución penal y de los beneficios penitenciarios vigentes; así como a la coordinación interinstitucional en estos temas y posibles planteamientos para mejora del sistema. Sin embargo, gran parte de la conversación se centró en el homicidio del 12 de enero.
El fiscal contó que analizó y estudió este caso con detalle, y recordó que los fiscales tienen un deber de objetividad regulado por el artículo 63 del Código Procesal Penal, que significa que deben recabar las pruebas que permitan incriminar a una persona, así como también las pruebas que permitan –de alguna manera– “favorecer a las personas imputadas o sospechosas”.
“Con este caso en específico yo hice un análisis del expediente y consta incluso un video que prácticamente graba toda la dinámica de los hechos y es a raíz de este análisis, que fue el mismo que también hizo el fiscal que solicitó las medidas distintas a la prisión preventiva, que se consideró a grandes rasgos que podíamos estar en presencia de una legítima defensa y, a grandes rasgos, ese es el motivo por el cual no se solicitó en ese caso una prisión preventiva”, declaró Díaz.
Así ocurrieron los hechos
De acuerdo con el relato del fiscal general, en el video se muestra que Leitón (fallecido) llegó a la casa donde habitaba Bilmore (sospechoso) y se mantuvo allí discutiendo con alguna persona que estaba dentro de la vivienda, por más de cinco minutos. Destacó que aunque la toma del video es lejana y no cuenta con audio, se logró percibir esa situación.
Mientras Leitón seguía increpando a la persona que estaba dentro de la casa, Bilmore salió de la misma, pero en las imágenes no se puede determinar si portaba o no algún tipo de arma. Lo que sí se pudo confirmar es que Leitón tomó un balde blanco y lo utilizó para acometer contra Bilmore.
A pesar de esto, el ahora sospechoso ingresó nuevamente a su vivienda y minutos después volvió a salir, momento en que Leitón tomó un objeto contundente, que en el video parece ser una piedra de gran tamaño, y la lanzó contra Bilmore. Luego de esto, comenzó un forcejeo entre ambos en el centro de la vía pública.
“Posteriormente ya no se puede ver más porque ellos se desplazan a un lugar en el que hay un árbol que tapa la visibilidad, pero hay testigos que refieren que hubo una especie de riña entre ellos y que aparentemente sí hubo un uso de arma blanca en legítima defensa por parte del sospechoso. Ante esas circunstancias es que el fiscal que tramitó la causa inicialmente y que la presentó ante el juzgado penal, consideró que no era necesario en ese caso en específico solicitar la prisión preventiva, porque todavía teníamos que investigar”, concluyó Díaz, al confirmar que los testigos son policías.
El diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), reclamó que el Ministerio Público haya tomado esa decisión y le consultó a Díaz si estuvo de acuerdo con esto.
“Viendo los hechos de lo sucedido podemos decir que esta situación también lleva a tomar un poco más consciencia y a ser más estrictos. Pienso que ante el riesgo eminente de asesinos que estén en la calle con estas medidas cautelares, debe existir la prisión, definitivamente.
“Sé que existe toda esa explicación que usted nos ha dado y que le agradezco, pero considero que también tenemos que tener un principio fundamental de sentido común ante estas situaciones y, perdón que lo diga así, porque si es un asesino el asesino bien que mal en cualquier momento hace las suyas nuevamente y si tiene enemigos con mayor razón”, dijo Jiménez.
Ante esto, el fiscal general respondió al diputado que el Poder Judicial se debe atener a lo que diga la ley, sin excepciones.
“Nosotros por parte del Ministerio Público siempre tenemos la consigna de la protección de derechos de los ciudadanos, en eso no nos vamos a apartar. También tenemos por imperio de ley vigilar el cumplimiento de la ley y la Constitución, y también nos dice que tenemos que actuar con objetividad, y si en un caso y en este caso en específico la persona por lo menos consideramos, de acuerdo a los testigos que son mismos miembros de la Fuerza Pública, está actuando en legítima defensa, no podemos llevar esto a circunstancias mayores”, concluyó Díaz.
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