El fiscal general, Jorge Chavarría, está preocupado por la nueva circular con la que el Ministerio de Justicia y Paz sacará a reos reincidentes hacia un régimen semiabierto para cumplir la orden de un juzgado de bajar el hacinamiento carcelario.
Es tal la inquietud de Chavarría que dijo que se tomarán medidas como evitar procesos abreviados y buscar penas altas contra los imputados, en caso de que el Ministerio de Justicia “no tenga la disposición de revisar y ajustar” los criterios que actualmente se usan para dar beneficios a los presos.
En el nuevo oficio, emitido el martes 5 de abril, no solo se permite la salida de reclusos con dos condenas por delitos menores, sino que también se dejará salir a quienes no tengan trabajo y a quienes cumplan su pena en siete años o menos.
Con la circular anterior, de fecha 24 de agosto del 2015, Justicia solo reubicaba a presos con una condena. Otros dos requisitos eran tener una opción laboral y cumplir la pena en menos de cinco años.
El Ministerio alega que tuvieron que “ampliar los criterios” debido a la resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, que los obliga a egresar a 380 reos en los próximos dos meses.
Esa decisión también provocó molestia en diputados de siete fracciones de la Asamblea Legislativa, quienes, impulsados por Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, firmaron una carta y la enviaron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para solicitarle que ponga “freno a la política de liberación masiva de reos”.
Solo el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio no apoyaron esta iniciativa.
De momento, los directores de los centros penales analizan quiénes podrían ser beneficiados con la nueva circular. Mientras, con el oficio antiguo, 1.015 presos fueron reubicados.
Hasta el 18 de abril, el sistema penitenciario tenía un hacinamiento del 45,85%; es decir, 4.187 reclusos de más.
Se intentó obtener la opinión del ministro de Seguridad, Gustavo Mata, pero dijo que no se referirá al tema.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, tampoco pudo atender a este medio.
También se trató de conversar con la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz; sin embargo, comunicaron que estaba en una reunión.
Sin abreviados. En los procesos abreviados, el acusado evita el juicio al aceptar los hechos y así, se le puede rebajar hasta un tercio de la condena.
Chavarría indicó que, ante las acciones de Justicia, la Fiscalía buscaría ir a juicio.
“Si vamos a solicitar un proceso abreviado para ubicarlo (al acusado) en el rango que da Justicia para que pueda salir de la cárcel, no lo vamos a hacer más.
”Esto puede tener un efecto contraproducente porque, para contrarrestar esta circular, podemos recurrir a solicitar penas más altas para evitar que sean beneficiados”, afirmó.
Pese a que aseguró que no les interesa “causar un conflicto con Justicia”, reprochó que no se acercaran al Ministerio Público para elaborar esta nueva circular. Criticó que se den beneficios a reclusos que hayan cometido robos, estafas, extorsiones simples o hayan sido parte del tráfico local de drogas. “Nos parece que para hacer el listado de los delitos, no le prestaron atención al bien jurídico tutelado”, señaló.
Preocupación. En la misiva al presidente, los legisladores aseguraron que la nueva disposición de Justicia “pone en riesgo la seguridad de los costarricenses”.
Redondo explicó que promovió enviar la carta porque tiene una “gran preocupación por las políticas que toma el Gobierno en este tema de liberación de reos”.
Dijo que entiende que hay que resguardar los derechos de los presos, pero señaló que no hay que hacerlo en “detrimento” de la ciudadanía.
“Ponen más atención en los privados de libertad que en las víctimas de este país, y eso no es lo más conveniente”, criticó.
Según su percepción, en el país hay un “gran nivel” de impunidad. “Estas acciones generan desconfianza en los costarricenses. Ahora las víctimas van a preferir no denunciar porque pensarán que eso sería exponerse a una represalia por parte de sus victimarios, quienes, muy pronto, van a ser liberados”.
El diputado liberacionista Antonio Álvarez, por su parte, señaló que reubicar presos para bajar hacinamiento es una “decisión equivocada”.
Se consultó al diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, el por qué no firmó el documento, a lo cual respondió que únicamente se abstuvo porque en este no se definía cuál debía ser el perfil de los reclusos que podían recibir el beneficio.
Vargas aclaró que, aunque sí cree que es necesario egresar a reos al régimen semiabierto, no apoya la nueva circular de Justicia, en el sentido de que “premien” a los reincidentes.
“Yo soy del criterio de que hay reclusos que sí deben tener la oportunidad de salir. Yo le dije, entonces (al impulsor de la carta), que si incluían un perfil para los beneficiados, yo firmaba”, mencionó.
El diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo, no respondió a las llamadas que se le realizaron al celular.
Medidas. Los opositores a la reubicación de presos consideraron que el hacinamiento también se puede resolver de otra manera que no sea sacando reclusos de prisión. Por ejemplo, el fiscal general aseguró que el proyecto de ley para que los hurtos pasen de ser delitos a contravenciones es una buena alternativa. Esa reforma se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En diciembre anterior, los diputados le pidieron a Justicia usar brazaletes de vigilancia electrónica en los reos que “libera” para bajar el hacinamiento.
No obstante, en noviembre, el Ministerio comunicó que la contratación de la empresa para el plan piloto de esos dispositivos con 200 indiciados fracasó por el alto costo de los aparatos.