Randall Morales está devastado. El sábado pasado, su hijo, de su mismo nombre, murió mientras la Policía lo perseguía para capturarlo por participar supuestamente en un asalto en Calle Blancos.
El papá no solo tiene que hacerle frente al dolor que significa haber perdido a su familiar, sino que también debe lidiar con no poder retirar su cuerpo de la Morgue Judicial por la huelga que realizan los funcionarios desde el miércoles anterior.
Esa manifestación, aseguró, no le permite cerrar ese capítulo tan doloroso; por el contrario, lo enfrasca en el sufrimiento tanto a él como a su familia.
"Esto es devastador, al final de cuentas es mi hijo. Desde que me di cuenta que está fallecido el anhelo es sacarlo, velarlo, darle sepultura y cerrar un capítulo. Esta huelga no le permite a uno realizarse en medio del dolor".
Agregó: "Lo que me interesa es tener a mi hijo y enterrarlo. Esto nadie se lo merece, por más malo que haya sido, por más bueno, lindo o feo, no merecemos que nos hagan esto; somos seres humanos".
Morales no es el único que siente esa impotencia. En este momento, ese sentimiento también embarga a los familiares de los otros 34 cadáveres que están retenidos en la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, Heredia, pese a que la Sala Constitucional le ordenó desde el sábado pasado al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, -superior jerárquico de los patólogos-, tomar las medidas necesarias para que se realicen las autopsias y se entreguen los cuerpos.
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Otro familiar afectado por esta huelga es German Rigoberto López. Él perdió a su hermano, identificado como José Francisco Ayala Rivera, en un accidente de tránsito ocurrido en San Carlos el jueves pasado.
Según contó López, él y su hermana, María, viajaron desde Nicaragua para retirar el cuerpo de Ayala. Sin embargo, se encontraron con la huelga judicial y la paralización de las autopsias y la entrega de los restos.
"Estamos muy tristes. La familia en Nicaragua está muy triste allá, esperando que nos lo den para trasladarlo. (...). Ellos tienen inconvenientes con el Gobierno. Por una parte yo los entiendo, pero ya nos dijeron que no se puede hacer nada. Mientras el Gobierno no les dé una solucion no van a laborar ni a entregar ningún cadáver
"Pero yo les agradecería que nos ayuden con el cuerpo. Es muy triste todo", aseguró.
Mientras eso sucedía en el Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, un grupo de vecinos de Búfalo de Limón bloqueó el paso por la ruta 32 para exigir a los funcionarios que les entreguen el cuerpo de Alberto Guido Arias, quien murió el pasado martes cuando le cayó un montacargas encima. Esta es la segunda vez que los lugareños se manifiestan en menos de tres días.
Familiares y vecinos de Arias cerraron el paso por la carretera entre las 7 a. m. y 10:30 a. m. de este lunes, lo cual generó un gran congestionamiento vehicular.
"Lo que queremos es que ya nos entreguen el cuerpo de nuestro pariente para darle sepultura como todo ser humano se merece", manifestó Jeison Arias, hermano de Alberto.
Desde el miércoles pasado, los empleados judiciales están en huelga porque insisten en que los diputados reformen el régimen de pensiones de la Corte según el proyecto de ley planteado por ellos mismos y no con base en las recomendaciones hechas por los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Los funcionarios alegan que el movimiento se extenderá hasta este miércoles 26 de julio, cuando se presume que tendrán una reunión con diputados que discuten el proyecto para reformar el régimen de pensiones de ese poder de la República.
Pese a las críticas de diferentes frentes que han surgido en contra de la manifestación, los trabajadores insisten en que están en su derecho y alegan que el paro de esos servicios no afecta " ni la salud, ni la vida, ni la seguridad".
Este lunes en la noche, la Corte Suprema de Justicia informó de que fue aceptado el ofrecimiento del obispo de Alajuela, monseñor Ángel San Casimiro, para mediar en el conflicto. Se prevé que el prelado inicie contactos con los gremios este mismo martes.
Órdenes desatendidas. Luego de que la Sala Constitucional ordenara el sábado anterior "ejecutar de inmediato las diligencias y acciones" para practicar autopsias y entregar cuerpos, el director del OIJ, Wálter Espinoza, giró la orden de seguir con los labores.
Según Espinoza, los cuerpos no se han entregado por la falta de personal de apoyo como fotógrafos, funcionarios de limpieza y administrativos. "Una autopsia puede durar cerca de cuatro horas. No es que todas las personas deben estar presentes las cuatro horas, sino que se debe limpiar el sitio, tener un fotógrafo para verificar algún detalle del cuerpo, funcionarios que lleven el control de la cadena de custodia para el caso de extraer algún plomo y funcionarios para el aspecto ya de entrega del cuerpo", explicó.
Y es que el domingo trascendió que técnicos y médicos del Complejo de Ciencias Forenses habían sido incapacitados porque sufrieron crisis de salud por supuestas presiones que recibieron de sus jerarcas.
El director de esa Policía aseguró que, por el momento, desconoce que haya personal incapacitado. "Formalmente no nos han informado de ninguna incapacidad. No he recibido ningún documento que indique que se dieron incapacidades. Al jefe del departamento tampoco", dijo el jerarca policial.
Indistintamente de si se dieron o no dichas incapacidades, Espinoza insistió en que esa orden constitucional hay que respetarla.
"Es un tema formal, porque ¿cómo nosotros luego vamos a exigir a los ciudadanos que cumplan las resoluciones de los tribunales si nosotros mismos las estamos desacatando? ¿Qué va a suceder cuando se dé una sentencia condenatoria y las personas no quieran ir a la cárcel?
"Si nosotros, que trabajamos en la aplicación de la ley, hoy desatendemos una orden de la Sala Constitucional, vamos a perder legitimidad", refutó.
Acciones legales. Debido a que los funcionarios judiciales desobedecieron una orden judicial, la Fiscalía General de la República ordenó la tarde de este lunes a la Fiscalía de Heredia abrir una causa penal en contra de médicos y personal de la sección de Patología Forense del Poder Judicial, por los posibles delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.
La oficina de prensa de la Fiscalía General de la República, informó de que el caso se tramita bajo el expediente 17-001956-0369-PE, por lo que de momento no tiene imputados individualizados. Precisamente, la investigación es la que permitirá identificar a las personas que desobedecieron la orden constitucional.
Jorge Chavarría Guzmán, fiscal general de la República, confirmó que se mantiene en coordinación con el director del OIJ para buscar una solución, con el fin de "establecer un mecanismo que evite acentuar aún más el sufrimiento de las familias afectadas con la no prestación del servicio de los patólogos".
De momento las opciones que se consideran son: realizar las autopsias en diferentes centros médicos estatales, contratar especialistas para realizar las autopsias, o lograr que el personal de Medicina Legal del Poder Judicial preste atención al interés de las víctimas dolientes y efectué las disecciones.
Por su parte, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pidió a los huelguistas del Poder Judicial tener misericordia con las personas que reclaman el cuerpo de algún familiar en la Morgue Judicial.
Para el mandatario es "inaceptable" que Medicatura Forense continúe en paro en contra de la orden que emitió la Sala Constitucional para que se retomara la entrega de cuerpos.
"Las leyes no se discuten, se acatan, y los primeros que tienen la obligación de acatar las leyes son los funcionarios del Poder Judicial. Aquí no hay justificación para que una orden de un juez de la República, de un alto magistrado, no sea atendida, y lo que se ponga en la línea de fuego no sea un concepto abstracto, sino el dolor de las familias de decenas de personas fallecidas que reclaman a sus deudos y que no pueden acceder a ellos porque un gremio se los impide", declaró
Solís considera que si bien es necesario abrir un debate en el país para hablar sobre las jubilaciones, y en especial de las millonarias, también fue enfático en que eso se debía hacer en otro marco y no en el actual, donde se juega con el dolor de las personas.
Sergio Alfaro, ministro de Presidencia, dijo que el Gobierno no puede intervenir en esta huelga, que eso le compete al Poder Judicial; sin embargo, agregó que el Ejecutivo está en la disposición de ayudar en lo que fuese necesario, incluso en mover los canales diplómaticos necesarios para contratar servicios en el exterior.
"No es una actitud humanamente aceptable lo que estamos observando con las autoridades (judiciales), donde se irrespetan órdenes", expresó Alfaro.
'No es un servicio esencial'. Las críticas en contra de la manifestación han llegado desde diferentes frentes, pero no es una situación que haga retractarse a los sindicatos.
Por el contrario, el Frente Gremial del Poder Judicial publicó en su página de Facebook un comunicado de prensa donde externa su total apoyo a la decisión de los funcionarios de Medicatura Forense de no entregar los 35 cuerpos que tienen retenidos.
Alegan que los trabajadores solo están defendiendo su derecho a la huelga, "pues consideran que dentro de sus funciones no se brindan servicios en que esté de por medio la salud, la vida y la seguridad".
Adriana Orocú, jueza y una de las voceras del Frente, expresó en el comunicado que ellos acuerpan por completo la decisión de Medicatura Forense, porque no "es el único servicio que está en huelga".
Añadió: "No es un servicio esencial el que se está prestando, ni ellos están dejando de ejercer todas las acciones necesarias para la preservación digna de los cuerpos ni para la preservación de evidencia".
Colaboraron los periodistas Natasha Cambronero y Carlos Láscarez