La Sala Constitucional paralizó la realización de nuevos programas de investigaciones en seres humanos desde el 27 de enero del 2010, pues se fundamentaban en reglamentos y no en una ley .
La decisión se adoptó cuando los magistrados resolvieron una acción de inconstitucionalidad planteada por el exdiputado José Miguel Corrales, quien alegó que dichos experimentos se basaban en el decreto del Poder Ejecutivo N.° 31078-S del 5 de marzo del 2003, y en un reglamento emitido por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS), del 16 de enero de 2003.
En la sentencia, la Sala IV afirmó que en “un tema como la experimentación con seres humanos, que incluye derechos tan importantes y esenciales como la vida, la salud, la dignidad y la intimidad de los seres humanos, exige su regulación mediante una ley”, la cual debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
En la resolución de la Sala Constitucional se dispuso que los ensayos en proceso, que en aquel momento eran un total de 124, no serían afectados y que las investigaciones podrían terminarse.
Entre esos estudios, se encontraba el protocolo que desarrollaba el médico Francisco Brenes Silesky en pacientes con artritis reumatoidea y que fue aprobado a inicios del año 2010 y lo propició la empresa farmacéutica Pfizer.
Brenes explicó que el protocolo que le correspondía fue concluido en setiembre del 2010.
Falta ley. Tres años después de la resolución de los magistrados, en Costa Rica solo pueden hacerse estudios en los que no se utilice a un paciente para probar un medicamento o un tratamiento.
Lo anterior, porque todavía no hay una ley que autorice las investigaciones en seres humanos.
En la actualidad se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa el proyecto 17.777, denominado actualmente como Ley Reguladora de Investigación Biomédica, que se encuentra en discusión en el plenario legislativo con mociones de reiteración.
Esta propuesta fue presentada en mayo del 2010.
En el plan de los legisladores, entre otros aspectos, se incluyen ocho artículos, en un capítulo denominado Delitos, donde se castiga con cárcel diversas actuaciones de médicos o de los funcionarios que vigilan las investigaciones en seres humanos.