El exoficial de la Fuerza Pública Jonathan Antonio Hernández Delgado deberá descontar 15 años de prisión al ser hallado culpable de asesinar de un balazo por la espalda a Fernando Rodríguez Arana, el 24 de julio del 2008, en Estrada de Matina, Limón.
La pena la dictó el Tribunal Penal de Juicio de Limón este lunes a las 8 a. m., al terminar un debate que había iniciado en abril pasado.
La presidenta del Tribunal, Jennifer Rosales, concluyó que la acción de Hernández quedó debidamente acreditada, en especial por las declaraciones de los testigos, al analizarlas en conjunto con las pruebas periciales de balística y la ubicación de los participantes en el hecho.
Rosales explicó que en este caso se recalificó el delito. El Ministerio Público acusó a Hernández de homicidio calificado (tiene pena de 20 a 35 años), pero los jueces estimaron que era homicidio simple (pena de 12 a 18 años), pues no hubo alevosía o ensañamiento.
El expolicía, que escuchó la condena solo, sin la compañía del defensor, y que en ningún momento se inmutó, también deberá pagar a la familia del fallecido una suma de ¢25 millones por concepto de daño moral.
El representante de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, Carlos Calderón, dijo que inicialmente había solicitado ¢125 millones, pero los jueces determinaron que durante el debate no se acreditó que la familia fuera dependiente directa del fallecido, sino que los aportes económicos de Fernando Rodríguez eran ocasionales.
Pablo Rodríguez, padre de la víctima, le restó importancia al aspecto económico. "En cuanto a nuestras pretensiones de indemnización no hay discusión, porque no hay dinero alguno que me regrese a mi hijo (...) En el fondo creo que el acusado debió merecer una pena mayor de prisión. Sin embargo, estoy satisfecho porque al final creo que se hizo justicia”.
Hecho.
El hecho que se juzgó ocurrió la tarde del 24 de julio del 2008, en Estrada. Ese día, Fernando Rodríguez, de 37 años, recibió un balazo en la espalda cuando, al salir de una pulpería en la que compró cigarrillos y fósforos, desobedeció una orden de alto dada por dos oficiales de la Fuerza Pública.
Rodríguez era un adicto a las drogas y se encontrada en un centro de desintoxicación. El día en que lo mataron tenía permiso de salir para visitar a su madre.
La fiscala Carmen Zúñiga explicó, durante el debate, que el día de los hechos los policías Antonio Hernández y otro de apellido Umaña llegaron frente al abastecedor en un carro particular, del cual bajaron. Hernández portaba una subametralladora Uzi, y Umaña una pistola nueve milímetros.
De acuerdo con el relato de testigos –agregó Zúñiga–, se determinó que Rodríguez, al ver a los hombres armados, se asustó y trató de buscar refugio en una casa vecina.
Detalló que mientras Hernández disparó e impactó por la espalda a Rodríguez, el otro policía se mantuvo a la expectativa sin decir nada y sin sacar el arma de reglamento.
Durante el debate, la defensa del imputado presentó un testigo quien declaró que Hernández disparó porque el fallecido se había llevado la mano a la cintura, como para sacar algo. Sin embargo, otras personas que observaron el hecho, incluido el pulpero, alegaron que el muerto no llevaba camisa, ni portaba nada en la cintura.
Fernando Rodríguez, quien debido al homicidio fue despedido por el Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con otra condena de seis años de prisión por robo agravado.
Este otro hecho ocurrió entre la noche del lunes 23 y la madrugada del martes 24 de agosto del 2010, cuando Rodríguez, junto con otros cinco individuos, logró ingresar a la agencia del Banco Popular de Cariari, en Pococí, Limón, luego de abrir un hueco en el techo.