Un exjuez que fue sancionado con dos meses de suspensión sin goce de salario por haber cometido un “grave error en la administración de justicia”, recibió una jefatura en el Ministerio Público y hasta hoy no le han aplicado el castigo que le impuso en su momento la Corte.
Se trata de un funcionario identificado como Jorge Alberto Araya Jiménez, de 47 años, quien fue nombrado el 1.° de noviembre como fiscal adjunto en Justicia Restaurativa.
Él había sido castigado por la Corte Plena en mayo del 2011.
En aquel entonces, Araya había sido denunciado por Joel Garita, fiscal de Heredia, por haber cambiado la medida cautelar de prisión preventiva para un estadounidense que, luego de ser liberado se dio a la fuga y no fue sometido a la justicia.
En agosto del 2010, el juez Araya le cambió la medida al foráneo, de apellido Adam, a quien se le seguía un proceso por robo agravado. El delito fue cometido el 2 de junio de 2010 contra un taxista, asaltado en Heredia.
Incluso, según la acusación de la Fiscalía, cuando el extranjero fue detenido por la Policía, portaba en el bolsillo de su pantalón el celular del ofendido.
“La actuación de Araya Jiménez constituyó una infracción grave en la revocatoria de la prisión preventiva del imputado de nacionalidad extranjera, el cual enfrentaba cargos graves y era previsible la posibilidad de que procurara evadir la acción de la justicia, tal como efectivamente sucedió”, dijo el magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, en un informe presentado a los demás miembros, según consta en actas.
Incluso, para llegar a establecer la sanción en contra de Araya, los magistrados realizaron cuatro votaciones, pues algunos estaban en contra de la suspensión y otros pedían la revocatoria del nombramiento.
Sin castigo. En noviembre de 2011, Araya presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite sancionar a jueces. La Sala Constitucional le dio curso a esa gestión y mientras resolvía, se frenó la aplicación del castigo.
No obstante, el 17 de setiembre de 2014, los magistrados de la Sala declararon sin lugar la acción interpuesta por el entonces exjuez, quien ya para ese año había regresado a trabajar como funcionario de la Fiscalía General.
“Nunca se me aplicó la sanción. Sí se emitió por la Corte, pero el asunto estuvo en las instancias constitucionales y entonces ya después de dictada la resolución, prescribió, por lo menos a criterio mío, yo no tengo una resolución oficial de la Corte que diga que ha prescrito”, dijo Araya ayer a La Nación.
Agregó que valora acudir a otras instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También comentó que esa sanción no le ha generado problemas en su carrera judicial, donde también ha aspirado para dirigir el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ser parte del Consejo Superior del Poder Judicial.
La Nación intentó conocer las razones por las que el fiscal general Jorge Chavarría nombró a Araya en el cargo actual, pero la oficina de prensa indicó que se encuentra fuera del país.