Una exempleada de la Dirección General de Migración y Extranjería fue sentenciada a dos años de inhabilitación en cargos públicos por haber permitido la salida ilegal de un niño de 5 años, junto a su madre, sin el permiso del padre.
La condena por el delito de incumplimiento de deberes fue dictada la tarde de este martes contra Ileabeth Eras Vargas, en los Tribunales de Goicoechea.
El hecho por el cual fue condenada ocurrió el 23 de junio del 2013, cuando la mamá, de nacionalidad venezolana, sacó al niño del país por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Guanacaste. Por tratarse de un menor de edad, ambos padres deben autorizar el viaje; no obstante, en este caso, el papá había revocado el permiso desde agosto del 2012.
Desde esa fecha del egreso, el padre del pequeño, Rodrigo Orlich, desconoce su paradero exacto; sin embargo, cree que fue llevado a Venezuela.
A la lectura de la sentencia no se presentó Eras, quien fue despedida por Migración un año después de ese egreso irregular.
La jueza Rosaura García Aguilar concluyó que a Eras no solo le correspondía vigilar si el menor tenía pasaporte, sino que también debía revisar si tenía permisos de salida.
"Se trata de una funcionaria pública que ha quebrantado la confianza que se depositó en ella para el ejercicio de su cargo y que es necesario que se aleje de él por el plazo establecido (...). De mayor relevancia, que el menor no pueda compartir con su familia, pues fue egoístamente sacado del país por su madre, sin tomar en cuenta los derechos que le correponden como niño", manifestó García en su razonamiento.
Además de los dos años de inhabiliación, la juzgadora condenó a la extrabajora de Migración a un pago de ¢500.000 al papá del niño, por daño social.
Padre molesto
En la lectura de la sentencia estuvo presente el papá afectado, quien dijo estar insatisfecho con la resolución de la jueza.
"Esto me deja triste. Hay una sentencia a favor, pero me parece que no tiene nada de proporcionalidad en razón del daño que se me hizo a mí y a mi hijo. Dos años de inhabilitación para una persona que considero complice de sustracción y que simplemente se le culpe de incumplimiento de deberes es para mí, risible", expresó Rodrigo Orlich.
Por su parte, Arcelio Hernández, abogado de Orlich, manifestó que le recomendará a su cliente que apelen la resolución, pues considera injusto que el pago por daño social sea de ¢500.000, pese a que la Procuraduría General de la República había solicitado que fuera de ¢1 millón.
"El daño que se causa jamás va a ser proporcional a un monto de ¢500.000", aseveró el jurista.
Agregó que también están valorando realzar una demanda contra el Estado.