El exdiputado Rigoberto Abarca Rojas enfrentará un nuevo juicio a partir de hoy lunes, ahora como sospechoso de los delitos de usurpación de bienes de dominio público y aprovechamiento de recursos forestales en terrenos que son patrimonio natural del Estado.
El debate está previsto para comenzar a las 9 a. m. en la sala de juicio del Tribunal Penal de Sarapiquí, en Puerto Viejo de Sarapiquí de Heredia.
En este proceso, que se tramita bajo el expediente judicial 11-001430-573-PE, se espera que se presenten a rendir declaración tres testigos. La audiencia está prevista para terminar mañana martes, según la agenda preliminar anunciada.
La Nación intentó conocer la versión de Abarca o de su defensor. Sin embargo, el exlegislador no respondió llamadas hechas a teléfonos que están a su nombre, en tanto tres abogados que lo representaron en el pasado dijeron no llevar su defensa.
Acusación. Rigoberto Abarca, quien fungió como diputado en la legislatura 1998-2002 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue acusado por el Ministerio Público por hechos acontecidos antes del 12 de noviembre del 2011, por construir, mediante terceras personas, una edificación de madera dentro de una zona inalienable ubicada en la línea fronteriza con Nicaragua.
Según la Fiscalía, se trata de un inmueble en Caño Tambor, en el distrito de Cureña, cantón de Sarapiquí. Esa finca se encuentra ubicada en la margen norte de la carretera Juan Rafael Mora Porras (conocida como la trocha).
En la acusación se señaló que la vivienda está a una distancia de 84,5 metros de la margen del río San Juan, que hace frontera con el país vecino del norte.
Asimismo, el documento apunta que esa construcción fue levantada sin contar con los respectivos permisos de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La oficina de prensa de la Fiscalía comunicó que entre los testigos que rendirán declaración en el debate figuran un funcionario del Minae y un oficial de la Fuerza Pública, quienes fueron testigos de las obras realizadas.
Otras pruebas consisten en documentación, por ejemplo un peritaje realizado por el Departamento de Ingeniería Forense del Poder Judicial, en cuyas conclusiones se afirmó que la construcción se encuentra dentro de zona inalienable de la frontera norte de nuestro país, que consiste en una franja de 2 km que corre paralela a la línea fronteriza.
Otro caso. El 6 de febrero del 2009, Abarca fue condenado por el Tribunal de Juicio de San Carlos por usar fondos públicos para la adquisición irregular de una finca.
En aquel momento se le condenó por el delito de administración fraudulenta, pero fue recalificado a peculado cuando la sentencia adquirió firmeza el 14 de diciembre del 2012, por resolución N.° 2012-001944 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Rojas salió de prisión el pasado 24 de noviembre tras recibir un beneficio carcelario y fue transferido al Centro Institucional de San Ramón, donde debe dormir una vez al mes.
También tiene que cumplir con un programa que le exige mantener un trabajo fijo y presentarse a citas de seguimiento con especialistas técnicos.