La Procuraduría General de la República (PGR), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reclaman el pago de ¢2.539,5 millones a una gasolinera que presuntamente contaminó un pozo en Barreal de Heredia en el 2004.
El juicio penal por este caso se desarrolla desde el pasado martes 22 de setiembre en la sala siete de los Tribunales de Justicia, en Heredia.
Los imputados son el representante legal de la empresa Autotransportes Zona Franca S.A., Herbert Valerín Valladares y uno de los negociadores de la compra de la gasolinera, Jorge Solano Zúñiga.
El Ministerio Público presentó una acusación penal contra los dos imputados por el delito de contaminación de aguas de modo peligroso para la salud, según explicó el fiscal del caso, Luis Martínez.
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La contaminación de agua está establecida en el artículo 268 del Código Penal y fija una sanción de entre tres y diez años de cárcel.
Además del proceso penal, la PGR, la ESPH y el AyA presentaron una acción civil resarcitoria para reclamar el pago en el que incurrieron las instituciones públicas y la empresa para limpiar el pozo y por otros procesos en el caso.
El procurador, Carlos Lizano, explicó que el Estado pide una indemnización por ¢400 millones por concepto de daño ambiental.
Mientras, el AyA reclama ¢170 millones por las inversiones que ejecutó la empresa para ayudar a purificar el pozo contaminado con hidrocarburos en el 2004, indicó el representante legal de esa institución en el juicio, Greivin Vargas.
La ESPH, por su parte, es la firma que exige la indemnización más cuantiosa.
Los abogados de la ESPH, Thelma Petrucci y Diego Alexandre-García, explicaron a La Nación que, de los ¢1.969,5 millones que pide la institución, ¢99,5 son por daño material y ¢1.870 millones son por perjuicios debido al dinero que dejó de percibir la empresa durante los años que no ha utilizado el pozo, lo que se conoce como lucro cesante.
Alexander-García indicó que el pozo era utilizado cada año entre enero y julio por la ESPH para abastecer de agua a varias comunidades de La Aurora, Barreal y Lagunilla de Heredia durante las 24 horas del día.
Las comunidades que recibía agua potable eran La Aurora 1, 2 y 3, Real Santamaría del Este y del Oeste, Gran Samaria, Residencial Jerez, condominio Las Auroras, Urbanización Aries, urbanización Gran Nosara, Lagunilla y Barreal de Heredia, según precisó la abogada Thelma Petrucci.
El juicio está en la fase de presentación de prueba documental y se espera que entre en la etapa de conclusiones a partir del martes de la próxima semana.
El abogado defensor de los imputados, Fabio Oconitrillo, indicó que este juicio no se debería desarrollar en sede penal sino en una sede civil o en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Oconitrillo sostiene que no hay prueba alguna que vincule a Jorge Solano Zúñiga con la presunta contaminación que se le acusa, ya que el imputado solo participó en la negociación de la compra de la gasolinera junto con su padre.
Limpieza de pozo millonaria. En el 2011 el AyA, la ESPH y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), limpiaron el pozo AB-1089. Esta operación tuvo un costo de ¢1.121 millones.
El informe final de la limpieza reveló que 14.000 litros de hidrocarburos se recuperaron del pozo y se filtraron unos 1.300 metros cúbicos de agua contaminada.
Para limpiar el pozo el AyA aportó ¢710 millones, el ICE contribuyó con ¢46 millones y la ESPH, propietaria del pozo, invirtió ¢365 millones.
En setiembre del 2004 la ESPH detectó la contaminación del pozo con combustibles y diésel, presuntamente provenientes de la gasolinera ubicada en la zona industrial de Barreal de Heredia.
Esa gasolinera pertenece a la sociedad anónima Autoservicio Zona Franca S.A.