Dos operaciones desplegadas en Limón por un “Escuadrón de la muerte” a principios de este mes y la escalada de violencia que sumó 14 asesinatos en apenas 18 días, incluido el de un oficial de Fuerza Pública, obligaron a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a reforzar su presencia en la provincia.
En entrevista con La Nación, Randall Zúñiga, director de ese cuerpo policial, confirmó que desde la muerte del agente Jordy Rojas, el 18 de enero pasado, se desplegó un equipo de 50 investigadores especializados en crimen organizado. La operación, que pretende reducir la criminalidad en el Caribe, le cuesta a la institución ¢80 millones mensuales.
Hasta el momento, las acciones permitieron reducir el ritmo de asesinatos, pues transcurrieron 10 días sin un solo crimen de este tipo, hasta que este domingo murió un hombre atacado a puñaladas en Pueblo Nuevo de Limón.
Según Zúñiga, esta ola de violencia estaría asociada a una disputa territorial entre tres grupos criminales, donde las investigaciones judiciales sugieren la existencia de dos facciones aliadas enfrentadas a una tercera.
Comando de la muerte
Precisamente, el jerarca explicó que un comando armado que pertenece a una de las organizaciones hizo dos ingresos a viviendas de rivales, en las que utilizaron armas de guerra con el objetivo de acabar con los cabecillas contrarios. “Estos dos eventos nos marcaron mucho a principio de año y es el hecho de que un tipo de comando o escuadrón de la muerte haya tomado la decisión de ir a una casa a balearla, rafaguearla con AK-47″, explicó.
El primer suceso ocurrió el 2 de enero en la madrugada, cuando 10 gatilleros que viajaban a bordo de dos vehículos 4x4, se bajaron y el conductor de uno de los automotores derribó el portón de la vivienda para que los hombres hicieran una ráfaga. En ese momento, acabaron con la vida de un sujeto de apellido García, cómplice del cabecilla.
La víctima, de 41 años y nacionalidad hondureña, resultó herida de gravedad y fue trasladada en vehículo particular al hospital, pero falleció pocos minutos después de su ingreso.
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El segundo ataque que perpetró el grupo armado fue en la madrugada del 6 de enero, cuando utilizaron 5 vehículos de alta gama para llegar a una casa en Moín y usaron el mismo método del primer ataque.
“Con un vehículo habrían colisionado el portón para ingresar a la vivienda y una vez dentro habrían realizado varias detonaciones”, informó el OIJ. Nadie estaba dentro de la vivienda, así que nadie resultó herido.
Según las investigaciones de las autoridades los cinco vehículos que utilizaron para ejecutar el crimen fueron comprados por la organización criminal y posteriormente fueron incendiados cerca de la playa. Eran pick-ups valorados en más de $45.000 cada uno.
“El último eran 25 personas (...) en un video que nunca salió a los medios de comunicación y contamos como 16 AK-47, cuando eso sucede dijimos ‘eso no puede ser’ y nos fuimos al día siguiente a Limón a hablar con los compañeros y empezamos con una estrategia que no la puedo comentar, pero tiene que tener a este grupo de personas allá que están controlando todo lo que sucede en Limón”.
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‘Hasta que den los recursos’
El funcionario judicial fue enfático al afirmar que estos operativos demuestran a la ciudadanía que la Policía Judicial necesita recursos para combatir los homicidios, pues reconoció que mantener estos operativos durante un tiempo prolongado es insostenible para la institución.
“Hace poco menos de un año yo dije que la crisis que va a venir nos va a obligar a tener que discriminar delitos. Al final no sucedió eso, estamos investigando todo, pero el hecho de que estemos investigando todo no significa que podemos tomar todos los recursos que quisiéramos a la investigación de crimen organizado, porque la señora que le robaron el televisor va a querer que le recuperen el televisor, al que le roban el vehículo va a querer que le recuperen el vehículo”, explicó.
Alegó que se debe maximizar el capital del OIJ, “pues es muy difícil contener todas las situaciones del país al mismo tiempo”, reiteró.
Zúñiga agregó que desde que empezó el reforzamiento, también contaron con la colaboración del fiscal general, Carlo Díaz, que viajó a Limón hace casi dos semanas para coordinar acciones.
“Ya se ha hecho una buena contención en Limón y se seguirá haciendo hasta que den los recursos. Si la condición económica obliga a suspender las acciones, el jerarca teme que “se pueda descomponer el asunto”.
Durante los primeros días del operativo en Limón, denominado “Caribe”, los equipos judiciales trabajaron de la mano con la Fuerza Pública para establecer retenes en áreas clave como Cieneguita, Pueblo Nuevo, Pacuare, San Juan, Moín, Corales, Cocos, Vista del Mar y Limón 2000. En este proceso, se consultó a un total de 368 personas en el sistema judicial para verificar si tenían alguna situación pendiente con la justicia.
La Nación consultó al Ministerio de Seguridad Pública para obtener detalles de las operaciones, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.