Este lunes se desarrolló en los Tribunales de Cartago un juicio de reenvío en torno al asesinato de Luany Valeria Salazar Zamora, una joven de 23 años, ultimada en junio del 2020 en Linda Vista de Río Azul de La Unión.
El motivo del nuevo juicio obedece a que la Fiscalía y el abogado defensor de la familia de Luany Salazar, Joseph Rivera, solicitaron elevar a 38 años de cárcel la pena de 26 años impuesta el 25 de agosto del 2022 a Kenneth Mejía Chavarría por el homicidio a puñaladas de la joven y el hurto de su celular.
En dos ocasiones, la jueza presidenta Grethel Barahona regañó a Mejía debido a sus gestos y risas durante la exposición de los argumentos del abogado defensor y del fiscal.
Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Mejía afirmó que lo estaban tratando como un chivo expiatorio. “Hay muchas cosas que no son como quieren hacer ver. Me han convertido en un chivo expiatorio, acusándome de semejante atrocidad. Siempre he colaborado para que los procesos se desarrollen de la mejor manera, he sido respetuoso. Ruego e insto a que se haga valer la justicia”, dijo.
Añadió que es bochornoso y molesto estar ante una situación tan seria como esa, en la que se está definiendo su vida y su futuro basándose en “premisas, falacias y argumentos” expuestos por los defensores y que en el 80% no comparte.
La jueza Barahona también encauzó durante la audiencia al abogado defensor de Mejía, Francisco Herrera, al indicarle que más allá de referirse a si la prueba recolectada era viable o no, lo cual ya se había resuelto en debates anteriores, ahora debía centrarse en rebatir los argumentos tendientes a elevar la pena, solicitados por la Fiscalía y la defensa.
El juicio, que es solamente para conocer el monto de la pena, comenzó a las 9:30 a. m. en la sala N°.1 de los Tribunales de Justicia de Cartago y concluyó luego de la audiencia de la mañana. El tribunal emitirá su fallo este martes a las 8:30 a. m. Además de la jueza Barahona, el tribunal lo integran Susana Wittmann y Jenny Almendares. El representante del Ministerio Público es Mario Quesada Sáenz.
Tanto el Fiscal Quesada como el abogado Joseph Rivera expusieron sus argumentos y ambos solicitaron un total de 38 años de cárcel, de los cuales 35 por son por homicidio calificado y 3 por hurto agravado. En el público solo estuvieron Ana Patricia Zamora, madre de Luany, así como la tía y el padrastro de la fallecida. Doña Patricia dice que llegará hasta las últimas instancias para sentar un precedente por las mujeres que ya no están, luego de morir como su hija.
El fiscal Mario Quesada insistió en agravantes como el hecho de que Mejía era conocido e incluso amigo de Luany Salazar. Que ella se sentía acompañada y protegida por Mejía. Sin embargo, él le provocó la muerte. Además, resaltó el comportamiento del sentenciado después del homicidio, donde manipuló el cuerpo y limpió la escena del crimen, lo cual considera válido para el aumento de la pena al tope máximo.
También mencionó el “cinismo” con el que Mejía participó en la búsqueda de Salazar, sabiendo lo que había hecho. Además, destacó que el sujeto no ha mostrado arrepentimiento en ningún momento durante el proceso.
Respecto al hurto agravado, solicitó la pena máxima de 3 años, argumentando que Mejía se aprovechó de que Salazar estaba fallecida para robarle sus pertenencias. Por último, debido al peligro de fuga, el fiscal solicitó extender la prisión preventiva por 6 meses más.
El defensor Joseph Rivera coincidió con esos argumentos y consideró reprochable que Mejía le diera droga y alcohol a Salazar, a quien se llevó a su casa, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Describió cómo Mejía puso un paño en la cara de Salazar para que no gritara, la atacó con un arma punzocortante en seis ocasiones, le puso una bolsa plástica, la envolvió con cinta y finalmente enterró el cuerpo en el patio.
Afirmó que el hombre nunca ha mostrado arrepentimiento, por lo que pidió el máximo de la pena por los dos delitos que se le atribuyen.
El defensor de Mejía, José Francisco Herrera, argumentó ante las juezas y demás partes que se trató de un delito inexistente, ya que la prueba estaba contaminada. “Lamentablemente nuestros jueces han perdido el valor de decir lo que corresponde en Derecho. Estamos ante un hecho sumamente grave y delicado, pero nunca se ha seguido el procedimiento jurídico porque la prueba está contaminada. La ley es muy clara en que cuando la prueba es inadmisible, no hay caso”, declaró.