Un comerciante está en la cárcel desde el jueves pasado por no pagar la cuota de pensión de enero, que fue de ¢5,6 millones (¢3,6 del monto mensual, más ¢2 millones de salario escolar) a favor de su hija de seis años.
La orden de captura emitida por el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Santa Ana la ejecutó la Fuerza Pública cuando el comerciante Jorge Pita fue citado para una entrevista en la sede del PANI de Santa Ana.
Pita, de 68 años, de nacionalidad estadounidense y residencia en el país, calificó como “exorbitante” la cuota que le obligan a pagar, al tiempo que aseguró que el jueves solo disponía de ¢1,2 millones.
El hombre alegó que desde que se separó de su pareja en julio del 2013, ha enfrentado un retroceso en sus ingresos, así como problemas para operar un lujoso restaurante en Escazú centro. Sobre este negocio sostuvo: “Es mi única fuente de ingresos”.
El Juzgado de Pensiones de Santa Ana informó, por medio de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, que no se podían referir al caso por ser un asunto “privado”.
Sin embargo, indicaron que el expediente fue revisado por un tribunal que ratificó el monto y que en los próximos días se realizaran audiencias para que el demandado aporte pruebas de descargo.
Recuento. Esta historia representa solo una detrás de las 109.610 demandas por pensión que manejaban los despachos judiciales al 30 de junio del 2013, según un informe del Departamento de Estadística del Poder Judicial.
Solo el Juzgado de Pensiones Alimentarias de San José lleva 7.938 expedientes, que según la jueza coordinadora de ese despacho, Elizabeth Picado Arguedas, tienen fijado como promedio un monto de ¢91.000 mensuales.
Picado señaló que los montos altos son pocos y que en San José se tramitan 99 casos que van de medio a casi el millón de colones, así como manejan 27 expedientes más que van de ¢1 millón a ¢5 millones.
La jueza, quien no lleva el caso de Pita, pero por impedimento no puede hablar de asuntos en trámite, dijo que para fijar una pensión provisional “siempre debe de haber una proporcionalidad”.
“Inicialmente es muy difícil lograrla porque la información es muy escasa, pero muchas veces la actora aporta prueba directa de los ingresos, por ejemplo, si el demandado tiene sociedades, propiedades o un carro lujoso”, agregó.
Comentó que, después de muchos años de trabajar en el juzgado ha llegado a la conclusión “de que los obligados no quieren pagar”.
Explicación. En un recurso de hábeas corpus que presentó a la Sala IV el 4 de febrero pasado, Pita pidió dejar sin efecto la orden de captura y que se inste al juzgado a establecer un monto justo y razonable para cumplir con su obligación .
Sobre la cifra de ¢5,6 millones aseveró: “No la puedo pagar de ninguna forma y me ubica en una situación que me impide buscar alternativas de solución. Además, se debe valorar mis limitaciones como adulto mayor y persona discapacitada”.
La magistrada Nancy Hernández López dio curso al recurso y pidió al Juzgado de Santa Ana un informe sobre lo tramitado.
Cuando estaba preso en Santa Ana, Pita relató que desde que empezó a pagar la cuota de ¢3,6 millones, en agosto pasado, sabía que era para su hija, pero que cada mes sentía que no podía cancelarla, junto a la amenaza de eso a su libertad.