Empleados del MAG vendían tarjetas para aprobar Riteve

Por documento de exoneración, cobraban entre ¢15.000 y ¢50.000

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Un ingeniero agrónomo de apellido Fallas, de 56 años, y un hombre de apellido Aparicio, de 52, ambos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), fueron arrestados ayer por agentes del OIJ como sospechosos de vender tarjetas de exoneración de la revisión técnica vehicular (Riteve), creadas para ayudar a pequeños y medianos agricultores.

Con la presentación de este documento, se exime al vehículo de tener que someterse a la prueba de emisión de gases y, además, se le aplica al dueño una rebaja del 50% en el valor de la revisión.

La aprehensión de Aparicio ocurrió dentro de la agencia de servicios agropecuarios del MAG en Upala, mientras que la de Fallas fue en una oficina situada en el poblado de La Gloria de Puriscal. Allí se halló documentación variada y se decomisó el CPU de una computadora de escritorio.

Durante el operativo policial, que estuvo a cargo de agentes de la Sección Especializada de Tránsito del OIJ, también se detuvo a dos hombres de apellidos Pérez y Jiménez, quienes, al parecer, se desempeñaban como gavilanes.

De acuerdo con el OIJ, la investigación empezó después de que, en varias estaciones de Riteve, se detectara un incremento en las revisiones periódicas de automotores que eran llevados a inspección con las tarjetas de acreditación de pequeño o mediano productor agropecuario.

Al menos 15 carros. Se determinó que los cómplices de estos dos funcionarios ofrecían a algunas personas llevar a revisar sus vehículos particulares y, para ello, usaban el beneficio de la exoneración.

Por dicho trámite, cobraban entre ¢15.000 y ¢50.000.

Según datos en poder del OIJ, en lo que va del año, el grupo habría llevado al menos a 15 carros a revisión. No se descarta que en otras sedes hayan actuado de manera similar, por lo que están investigando si ha habido más irregularidades.

Los cuatro sospechosos fueron acusados del delito de uso de documento falso, por lo que fueron trasladados a las respectivas fiscalías.

En Upala, se contó con la ayuda de oficiales de la Fuerza Pública, quienes custodiaron la sede del MAG.