El Indio alega una condena ilegal para solicitar su libertad

Abogado defensor asegura que fallo se sustenta en hechos no probados

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El abogado Rafael Gairaud Salazar pidió este miércoles la libertad de su cliente Marco Antonio Zamora Solórzano, alias el Indio, al considerar que la pena de 70 años de prisión impuesta en febrero pasado fue ilegal.

El alegato lo presentó durante una audiencia de impugnación de la sentencia al conocido líder narco, realizada en los Tribunales de Goicoechea bajo estrictas medidas de seguridad.

Gairaud, en la parte fundamental, apuntó que el fallo condenatorio no contó con un soporte probatorio que faculte la comprobación de los delitos.

“Está basado en una presunción o hipótesis (...). El único elemento son las intervenciones telefónicas (...), sin que ninguno de los hechos se hubiese tenido como demostrado (..). No se puede sancionar la intención manifiesta”, afirmó el jurista.

Zamora es señalado como el cabecilla de una banda que dominaba la venta de drogas en los barrios del sur de San José y en los cantones de Desamparados y Alajuelita, entre otros sitios.

En febrero, el Tribunal Penal de Juicio de Pavas le impuso 70 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y dos homicidios.

Cómplices. Otros siete miembros de la organización, quienes también fueron sentenciados, están solicitando a su vez la rebaja de las penas o la libertad.

Se trata de José Francisco Zamora Solórzano (hermano de el Indio), condenado a 42 años; Moisés Medina Brenes, a 44 años; Jair Arnulfo Mondragón Riascos (35), Erick Villalobos Sandoval (32), Jorge Esteban Mena Quesada (32), así como Jason Esteban Jiménez Fernández y Silvia Martínez Jiménez, ambos a ocho años.

En tanto, el Ministerio Público gestiona que se aumente la condena de tres años impuesta a José Luis Alvarado Novo (quien quedó libre) y que se revoque la absolutoria dictada a favor de un expolicía de apellidos Lizano Gómez, a quien atribuyen facilitar información policial a la banda.

Opinión de Rafael Gairaud:

“La sentencia no cuenta con un soporte probatorio que permita la imputación de los delitos que se han atribuido a mi defendido (...). Mi solicitud es que se determine la invalidez de esa resolución (...) y se dicte la sentencia absolutoria”