​Costa Rica está dando la pelea para frenar la trata de personas. Para conseguirlo, ha investigado y condenado a más tratantes y ha destinado más fondos para servicios a las víctimas, entre otras acciones.

No obstante, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) señala que estos avances son “insuficientes” y que, de momento, “el gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata”.

La principal crítica es con referencia a la protección que se le brinda a las víctimas de este delito.

Según se lee en el informe, presentado en este 2019, durante el año pasado las autoridades identificaron a 20 personas que fueron tratadas con fines sexuales o laborales. En el 2017, fueron 34.

Una vez que se identificaron, el gobierno activó el protocolo previamente establecido para darles protección.

Sin embargo, el Departamento de Estado informó de que, por ejemplo, el Estado no proporcionó refugios dedicados a hombres, quienes fueron víctimas de trata. Entonces, cada vez que tenían uno de ellos, debían buscarle un espacio improvisado.

Además, apuntó el mismo documento, las autoridades costarricenses remitieron a las víctimas a los servicios a discreción.

“El análisis es caso por caso, lo que significa que no todas las víctimas recibieron el mismo nivel de protección.

“Las organizaciones de la sociedad civil informaron también que las autoridades no siempre implementaron los mecanismos de referencia de manera efectiva u oportuna”, se lee en el documento.

Por ello, entre las recomendaciones, se señala aumentar la identificación y referencia de víctimas, particularmente en coordinación y colaboración con la sociedad.

Además, fue insistente en resaltar que es importante aumentar el desembolso de fondos para servicios a las víctimas, en asocio con organizaciones no gubernamentales.

Lentitud judicial

Otra de las problemáticas que encontraron los observadores del Departamento de Estado es la acumulación “significativa” de casos de trata en el sistema judicial.

Antes de explicarlo, el informe detalla las siguientes estadísticas:

En el 2018 fueron investigadas 74 denuncias por este delito, mientras que en el 2017 fueron 62, según facilitó el Ministerio Público.

En cuanto a la apertura de nuevos juicios, el Poder Judicial indicó a los observadores que, durante el año pasado, comenzaron solo 12 juicios y se condenó a diez tratantes a penas entre cinco y 60 años de prisión.

En el 2017, la situación fue un poco distinta según las estadísticas de los tribunales: hubo 41 nuevos debates y cinco condenados.

El Departamento de Estado recalcó que la disminución en la cantidad de nuevos juicios no obedece a una baja en la presencia de este delito, sino que se debe a la mora judicial que existe en los tribunales y que, por ende, no permite avanzar con nuevos debates.

“Los observadores notaron mejoras en la coordinación entre Fiscalía y Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero una acumulación significativa de casos criminales, incluyendo casos de trata de personas, que terminaron desacelerando los procesos judiciales”, reprochó el informe.

Trabajo en conjunto

Más allá de lo que indica el informe del Departamento de Estado, las autoridades costarricenses insisten en que el trabajo que se ha hecho en este tema es importante.

Precisamente, hace pocos días, el Ministerio de Seguridad Pública informó de que la trata de personas, al ser uno de los tres delitos más lucrativos a nivel mundial, tiene un trato especial.

Este año, comunicó esa cartera, se han detenido 76 personas en 19 diferentes acciones realizadas en el territorio nacional.

En paralelo, la Policía de Migración ha abierto 22 investigaciones por este delito, de las cuales siete ya tienen número único en la Fiscalía. Otros siete siguen en pesquisas y el restante (ocho) fueron cerradas ante la ausencia de delito.

Para combatirlo, aseguró, han unido esfuerzos cuerpos policiales, como la Policía de Fronteras, la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea y la Fuerza Pública, además de la Policía Profesional de Migración.

Como bien es sabido, las fronteras de nuestros países son las más vulnerables y es donde más se presentan este tipo de ilícitos. Por ello es que también buscaron dotar de ocho modernas patrullas, valoradas en total en ¢352 millones, a la Policía de Fronteras.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha reiterado, en otras ocasiones, en la importancia que existe sobre perseguir estos delitos, debido a que, según sus estimaciones, cada 15 días se descubre un nuevo caso de trata de personas.

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Se intentó obtener un criterio de un representante del Poder Judicial y de Fiscalía pero, al cierre de este artículo, no se obtuvo respuesta.

Algunos casos

Los siguientes son dos casos que resultaron un desafío para las autoridades, ya fuera por lo difícil de dar con los responsables o por la cantidad de víctimas involucradas.

Mamá África. Un total de 41 personas fueron detenidas por, presuntamente, conformar una red criminal dedicada a la trata de personas. Quien lideraba la banda era, al parecer, una mujer a quien llamaban Mamá África. La organización operaba en distintas zonas del país; traficaba personas extranjeras provenientes de África, Asia, Cuba y Haití.

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Caso de tráfico de migrantes. A principios de este mes, seis hombres fueron detenidos en dos allanamientos dirigidos por la Fiscalía de Los Chiles. Presuntamente, pertenecen a una organización que ayudaba a migrantes a pasar por el país sin someterse a los controles migratorios. Se les decomisó dinero en efectivo y un cuaderno con información relevante para la investigación; también se halló a 10 víctimas en las viviendas allanadas.