Dos oficiales de la Fuerza Pública detenidos como sospechosos de tentativa de homicidio en Pital

Los dos agentes fueron detenidos junto a otros tres sospechosos

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Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos este miércoles como sospechosos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas. A ellos se suman tres adultos más, todos señalados por supuestamente vapulear a un indigente en diciembre pasado, en Pital de San Carlos, Alajuela.

Las capturas estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la delegación de Ciudad Quesada. Los policías responden a los apellidos Ríos Sequeira de 33 años y Torres Tenorio de 23, quienes fueron detenidos en su lugar de trabajo en la delegación de Pital a eso de las 6 a. m., mientras que los otros tres sospechosos fueron detenidos en vía pública en el mismo distrito. Estos últimos son de apellidos Álvarez Sánchez de 45, Aguilar Vásquez de 41 y Murillo Murillo, de 29.

Los hechos con los que se les vincula ocurrieron el 17 de diciembre del año pasado cuando se señaló a una persona indigente, de apellidos Lopez Urbina, de 35 años, como presunta responsable de cometer un robo en un restaurante en Pital. Cuando los tres civiles se enteraron de la identidad del habitual se pusieron en contacto con los dos oficiales de la Fuerza Pública para detenerlo.

Según el informe preliminar, durante las horas de la noche los oficiales lograron encontrar y detener a la víctima, luego lo habrían llevado a un lugar solitario donde se encontraban los otros tres individuos, quienes procedieron a vapulear al ofendido hasta dejarlo con heridas graves.

López Urbina fue abandonado en un piñal en la zona de la Legua, en donde fue encontrado horas después. La víctima fue trasladada al hospital por miembros de la Cruz Roja para atender sus heridas, pero la golpiza fue de tal magnitud que una de sus piernas tuvo que ser amputada.

Los cinco sospechosos fueron presentados ante la Fiscalía de San Carlos para continuar con el proceso de indagación y quedarán a la orden del Ministerio Público para poder determinar su situación jurídica.