Un grupo de 34 de 57 diputados de ocho fracciones legislativas se pronunció, este miércoles, en contra de los procesos penales que se vuelven “interminables” debido a que la legislación tica no establece un límite en la cantidad de recursos de apelación.
En un documento llamado E n defensa de los derechos humanos y la libertad , los congresistas manifestaron su preocupación por el hecho de que se pueda mantener “indefinidamente” a una persona acusada ante los tribunales.
La declaración la firmaron legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario, un legislador del Frente Amplio, dos del Partido Acción Ciudadana (PAC), y los partidos Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Restauración Nacional y Renovación Costarricense.
El reclamo surgió ante la tercera impugnación hecha por la Fiscalía para impedir la absolutoria del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), en el caso ICE-Alcatel.
“En este caso se trata del expresidente Rodríguez, pero se puede tratar de cualquier costarricense. Ya van 12 años, dos resoluciones; hemos sido respetuosos de la separación de poderes, pero no podemos callar ante la injusticia de que una persona se someta a los tribunales eternamente”, expresó el diputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas, quien propuso el documento a sus compañeros.
Vargas dijo que los legisladores analizan presentar una reforma de ley para cambiar esa normativa para que solo exista una doble conformidad; es decir, que se pueda apelar solo en dos ocasiones, y si la persona es absuelta en esas dos instancias, se termina el proceso.
Largo proceso. En abril del 2011 Rodríguez fue condenado a cinco años de cárcel por, presuntamente, instigar para que se pagaran dádivas a fin de que el Instituto Costarricense de Electricidad otorgara un contrato de 400.000 líneas celulares GSM a Alcatel.
La Fiscalía apeló ese fallo y un tribunal de apelación de sentencia absolvió a Rodríguez; no obstante, el Ministerio Público impugnó ante la Sala Tercera, que, a su vez, anuló la sentencia absolutoria y ordenó devolver el caso al órgano de apelación. Este último volvió a emitir fallo absolutorio que, de nuevo, fue apelado por los fiscales.
El penalista José Miguel Villalobos dijo que la doble conformidad se eliminó en el 2006, en una reforma al Código Procesal Penal. Sin embargo, esa derogatoria la declaró inconstitucional la Sala IV en 2014.
Empero, solo se prohibió llevar a casación un caso cuando hay dos sentencias absolutorias de un tribunal de juicio y no uno de apelación, explicó Villalobos.
Este miércoles, otros diputados del Frente Amplio y del PAC emitieron un pronunciamiento en el que critican al grupo que reprochó los largos procesos judiciales y estiman que debe respetarse la independencia de poderes. “Si el Poder Judicial Judicial se dejara influir por un grupo de diputados, se verían afectados los principios democráticos (...)”, señalaron sus firmantes.