Un sujeto de apellidos Valoyes Mosquera, de 45 años, es uno de los 12 detenidos como sospechosos de conformar una banda dedicada a la exportación de cocaína líquida a Europa y Asia en el Caso Corona. Su nombre es conocido por las autoridades judiciales hace casi una década, por sus reiterados antecedentes de narcotráfico y lavado de activos.
Él fue arrestado el pasado 14 de noviembre, luego de que el Organismo de Investigación Judicial desplegara 22 allanamientos en cinco provincias, para desarticular a esta organización que disolvía la droga y la exportaba oculta en envases de bebidas gaseosas y endulzantes gourmet procesados por las empresas Minerva Bebidas S.A y Tico Bebidas S.A., propiedad de otro de los detenidos, apellidado Herrera Soto, de 44 años.
Valoyes Mosquera, de origen colombiano, pero naturalizado costarricense, es mencionado en el expediente del caso Corona como el supuesto responsable de los contactos e introducción de cocaína desde Suramérica. Al parecer, según se desprende de las escuchas telefónicas, él viajaba a la zona sur para cooperar con el ingreso de los narcóticos, que viajaban hasta el Valle Central, a la planta procesadora de bebidas.
Según el organigrama elaborado por el OIJ, Valoyes, contaba con el apoyo operativo del detenido de apellidos Montoya Gutiérrez y el superior inmediato de ambos era otro detenido de apellidos Caicedo Valoi.
Las investigaciones revelan que la casa de Valoyes Mosquera, en La Unión de Cartago, era uno de los sitios utilizados por la agrupación criminal para llevar a cabo reuniones y planificaciones, pues así consta en las vigilancias realizadas por los agentes judiciales.
Empero, su nombre se conoce desde el 2014, cuando fue investigado por la Sección de Estupefacientes del OIJ en una causa por tráfico internacional de drogas. Valoyes figuraba por su posible contacto con un sujeto de nacionalidad italiana, de apellido Bettini, alias Nico, que durante la pesquisa fue detenido en su país por narcotráfico. Al parecer, Bettini ocultaba droga en muebles finos que luego exportaba a Europa.
Posteriormente, el suramericano fue detenido en Costa Rica, en el 2016, con 323 paquetes de cocaína y fue condenado esa vez a nueve años de cárcel.
También está relacionado con una investigación por legitimación de capitales contra un individuo de apellidos Carranza Ramírez. En ese caso se constató que Valoyes pagó en el 2015 los derechos de circulación de un carro que fue interceptado con droga por el OIJ en setiembre de 2017 en Tibás, según consta en el expediente judicial N.° 17-024746-0042-PE (8).
En el 2011, Valoyes Mosquera, oriundo del Chocó, en Colombia, contrajo matrimonio en Costa Rica y adquirió la nacionalidad tica poco tiempo después, entre el 2013 y el 2014. Esto le otorga las mismas garantías que a cualquier otro ciudadano, incluida la no extradición. Su padre, de apellidos Valoyes Torres, fue detenido en Panamá por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos.
En Costa Rica, afirma trabajar en un minisuper, en San Francisco de Dos Ríos que aparece a nombre de una expareja sentimental. Aunque se le conoce un vehículo de alta gama, una casa en La Unión y una propiedad de 75.000 m² en Horquetas de Sarapiquí, nada está a su nombre. Según el OIJ, utiliza testaferros (sus propios familiares) para colocar los bienes.
Medidas cautelares
El pasado fin de semana, luego de 11 días de audiencias, el Juzgado Penal de La Unión dio a conocer las medidas cautelares tomadas en contra de los 12 detenidos del Caso Corona. De estos, siete integrantes se encuentran bajo arresto carcelario mientras progresa la investigación.
Valoyes Mosquera, por ejemplo, quedó en libertad, pues el Ministerio Público no solicitó prisión ni ninguna otra medida cautelar en su contra. Lo mismo ocurrió con un arquitecto costarricense de 38 años, de apellidos Herrera León, quien también fue liberado horas después de su detención, tras rendir declaración indagatoria. Aunque ambos siguen vinculados al proceso investigativo, son los únicos sin ninguna medida impuesta.
Ante consultas de La Nación, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos señaló que, por tratarse de información de valoraciones que realiza el Ministerio Público, no es posible dar mayores detalles de por qué no se solicitaron medidas cautelares contra los dos hombres antes citados.
Con respecto a otros implicados, el Juzgado Penal de La Unión discrepó con el Ministerio Público en dos casos. El ente fiscal pedía seis meses de cárcel para un abogado de 35 años, de apellidos Montes Fonseca, detenido por su presunta relación con el grupo. También solicitó la misma pena para su tío, de apellidos Fonseca Vargas, de 60 años, prestamista y dueño de propiedades cuyo origen se investiga en el mismo expediente.
Sin embargo, el juez a cargo, Christian Sánchez, impuso al abogado medidas de impedimento de salida del país, entrega de su pasaporte al Juzgado Penal a más tardar 72 horas después de la notificación y firmar quincenalmente. El tío quedó con brazalete electrónico y prohibición de salir del país por seis meses.
La Fiscalía evaluó la notificación del Juzgado Penal pero no trascendió si presentó apelación. Las doce personas vinculadas a este caso están siendo investigadas por tráfico internacional de estupefacientes y legitimación de capitales.
El Juzgado Penal de La Unión confirmó que recibió apelaciones por parte de algunos de los abogados de los sospechosos que están inconformes con las medidas dictadas en su contra, por lo que ahora procede fijar fecha para la audiencia de apelación.
Las dos personas que debían entregar su pasaporte en un plazo de 72 horas a partir de la notificación ya lo hicieron. Se trata del abogado Montes Fonseca y de la mujer de 28 años, apellidada Brenes Murillo.